No obstante, «la demanda ciudadana continúa siendo escasa», se reconoce en el documento. «Todavía, después de cuatro años de vigencia de la ley, menos del 40% de los sujetos obligados ha recibido alguna pregunta», se expone en línea, además, de lo que sucede también a nivel nacional.

Aún así, el número de entidades que ha recibido alguna solicitud de información «aumenta ligeramente». En 2017, de las 345 entidades censadas únicamente 80 declararon haber tenido actividad, mientras que este año son 123, es decir, el 36,18% de los 340 sujetos obligados.

El responsable de la institución, Daniel Cerdán, apunta que una de las causas «principales» es el «desconocimiento por parte de la ciudadanía de sus derechos derivados de la ley de transparencia».

En el informe, también se reprocha a las administraciones que, en general, no suelen hacer campañas de difusión de la transparencia y además, se observa un «leve empeoramiento de la eficiencia de las entidades al tramitar las preguntas presentadas».

Así, en 2018, el porcentaje de resolución de las solicitudes de derecho de acceso de las 80 entidades cae al 84,62 %, mientras que el número de preguntas sin respuesta sube a 233 -11,06 %-; en 2017, el porcentaje de resolución fue del 85,46 %, quedando solo 46 de las 1.286 preguntas pendientes por silencio administrativo -3,58 %-.

Al respecto, Daniel Cerdán sostiene en el informe que «lo que más desprestigio está provocando a la práctica de la transparencia es el silencio administrativo como forma permanente de dar la callada por respuesta».

Los datos registrados por el comisionado llaman la atención: «En más de un 90 % de las reclamaciones admitidas a trámite el motivo es la falta de respuesta por parte de los entes públicos». Para mayor abundamiento, «en más de un 50 % de los trámites de audiencia que se dan a las administraciones reclamadas, la respuesta al comisionado es también el silencio».

Esta situación, así como la denegación de información o la inexactitud de los datos suministrados, es lo que motiva que el solicitante acuda a la institución que dirige Cerdán a reclamar.

Cabe aclarar que el Comisionado de Transparencia no puede admitir quejas derivadas del Parlamento o de organizaciones sociales, económicas y políticas que reciban menos de 60.000 euros de fondos públicos. La ley no se lo permite.

Pese a este matiz, a la institución encargada de vigilar la transparencia le cayeron el año pasado 355 expedientes frente a los 154 que se habían producido en el año 2017. Esto representa un aumento del 130,52 %.

En el informe, se puntualiza que en 2018 cinco personas físicas o jurídicas presentaron más de diez reclamaciones y tres de ellas, superaron las 28 reclamaciones cada una. Por lo tanto, el comisionado no prevé que la cifra registrada en 2018 sea superada en 2019; hasta el mes de septiembre se han registrado 176 reclamaciones.

En cuanto a las causas que motivan el descontento, la principal es el silencio administrativo -más del 90 %-, una tendencia que se arrastra de años anteriores.

Las administraciones públicas que peor se comportaron con las solicitudes de sus ciudadanos fueron los ayuntamientos capitalinos de Santa Cruz de Tenerife (51) -en su mayor parte, concejales-, Las Palmas de Gran Canaria (22), la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias (16), el ente público Radio Televisión Canaria (12), el Ayuntamiento de Guía de Isora (10), los cabildos de Gran Canaria (10) y de Tenerife (10).

El documento del comisionado que se someterá al pleno del Parlamento en el mes de enero hace referencia a la efectividad de dicha institución. De esta forma, del total de las 355 reclamaciones recibidas, 347 fueron resueltas al cierre del informe, 90 no fueron admitidas a trámite y cinco acabaron siendo desestimadas.

Tras la intervención de la institución, «más del 91 % de las personas con reclamaciones admitidas obtuvieron una resolución favorable a sus demandas». En el resto, la persona que reclamó había recibido la información por parte de la administración reclamada.

En relación a la influencia que tiene el Comisionado de Transparencia frente a los sujetos que han sido objeto de las reclamaciones, en el informe se afirma que «no se puede saber con exactitud si finalmente se ha entregado la información o no, salvo en las ocasiones en las que la persona reclamante pone en conocimiento del comisionado que no ha recibido la información». Bajo este supuesto se encuentran seis resoluciones.