¿Cuál es el principal servicio del Comisionado de Transparencia dirigido a los ciudadanos?
Los ciudadanos y las personas jurídicas pueden presentar, sin coste alguno ni necesidad de abogado o representación jurídica, reclamaciones contra las resoluciones, expresas o presuntas, de las solicitudes de acceso a la información que se dicten en el ámbito de aplicación de la Ley de Transparencia por el Gobierno de Canarias, Cabildos y Ayuntamientos y por sus entidades dependientes. Pueden presentar la reclamación de forma previa a la impugnación en vía contencioso-administrativa.
¿Cuáles son las funciones del Comisionado sobre la transparencia de las administraciones públicas canarias?
Se centran fundamentalmente en el control del cumplimiento de la obligación de publicar en las webs o en los portales de transparencia de cada administración aquellas informaciones que vienen detalladas en los más de doscientos bloques de datos del Título II de la Ley de Transparencia de Canarias.
El Comisionado ha de formular recomendaciones de cumplimiento e interpretación uniformes de las obligaciones de transparencia establecidas; ha de prestar asesoramiento en materia de acceso a la información pública y de transparencia; y ha de evaluar el grado de aplicación y cumplimiento de la Ley. Y, cuando, de oficio o como consecuencia de denuncia, verifique el incumplimiento de hacer pública la información podrá requerir su subsanación a la administración que la omita.
Finalmente, el comisionado o comisionada de Transparencia ha de elaborar y elevar anualmente al Parlamento un informe sobre el grado de aplicación de la Ley de Transparencia y ha de instar al cumplimiento del régimen sancionador cuando detecte reiteradas carencias o faltas en esta materia.
- La resolución de las reclamaciones que se interpongan contra los actos expresos o presuntos resolutorios de las solicitudes de acceso a la información de las entidades y organismos obligados por la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública.
- La formulación de recomendaciones de cumplimiento e interpretación uniformes de las obligaciones relativas al derecho de acceso y la transparencia establecidas en la Ley 12/2014.
- El asesoramiento en materia de acceso a la información pública y de transparencia.
- La evaluación del grado de aplicación y cumplimiento de la Ley 12/2014.
- La difusión, el fomento y la promoción de la cultura de transparencia en la sociedad.