Para efectuar las decisiones recogidas en el acuerdo, vigente durante cuatro años, los firmantes se han comprometido a organizar diversas actividades, congresos, jornadas, foros, seminarios, así como publicaciones de trabajos, manuales, guías y materiales de formación y divulgación, que ayuden, no solo a la difusión sino también a la formación en materia de transparencia de las administraciones públicas.

Los órganos garantes de la transparencia serán los encargados de proponer la programación de actividades, fijar los contenidos adecuados para cada destinatario y elaborar materiales complementarios para la formación. De esta manera, los organismos participarán conjuntamente en el diseño y desarrollo de proyectos específicos de actuación recogidos en un Programa Anual de Actividades Formativas.

La fundación Democracia y Gobierno Local, por su parte, y con el apoyo de las 23 diputaciones y dos cabildos que la forman, se encargará de difundir las actividades programadas entre las administraciones locales.

Los firmantes del convenio han sido Javier Amorós, por el Consejo estatal; Manuel Medina, por el Consejo andaluz; Elisabet Samarra, por la Comisión de Cataluña; Milagros Otero, por la Comisión gallega; Jesús Colás, por el Consejo de Aragón; Daniel Cerdán, por el Comisionado canario y Ramón Camp i Batalla, como director de la Fundación. En próximas fecha se sumará el Consejo valenciano.

Al día siguiente, los comisionados de transparencia participaron en la Jornada sobre Transparencia y Protección de Datos en la Diputación de Sevilla, una jornada formativa para los empleados públicos de la provincia andaluza en la que se trataron aspectos relacionados con la Transparencia y el Reglamento General de Protección de Datos, que recoge los cambios normativos realizados por la Unión Europea para otorgar a los ciudadanos un mayor grado de control sobre su información privada.

Por otro lado, se habló sobre los nuevos retos de la transparencia y se debatió en una mesa redonda de las experiencias de los órganos garantes de la transparencia a través de casos prácticos con las administraciones locales.

El director de la Fundación Democracia y Gobierno Local, Ramón Camp i Batalla, expresó en la apertura de la jornada la necesidad de que las entidades locales cumplan con los plazos establecidos por la norma para la implantación de todas las medidas que se recogen en ella.

La entrada Convenio de los órganos garantes de transparencia con la Fundación Democracia y Gobierno Local para promover el cumplimiento de la ley en las administraciones locales se publicó primero en Comisionado de Transparencia de Canarias.

El Boletín Oficial de Canarias publicó ayer la creación de una aplicación telemática sobre el Indice de Transparencia de Canarias (ITCanarias) para el autodiagnóstico y el cumplimiento de las obligaciones informativas de todas las instituciones públicas de Canarias y de sus entes dependientes, según la resolución el Comisionado de Transparencia de Canarias. Después de crear y aplicar en 2017 el primer índice de transparencia de carácter oficial puesto en marcha en España para todas las instituciones de su ámbito, el órgano garante canario da un paso más, a través de su sede electrónica, para facilitar el cumplimiento de todas las obligaciones definidas en la Ley; extremo que no incluyen ni bareman los diversos rankings publicados por organizaciones no gubernamentales

El nuevo algoritmo t-Canaria) integrará la información de los portales de transparencia del Gobierno de Canarias, cabildos, ayuntamientos, universidades y sus entidades dependientes (394 en total) . Les permitirá autoevaluarse y presentar su propia «declaración de la transparencia», al estilo de las declaraciones de la renta que pueden hacer los ciudadanos vía internet. Facilitará a cada institución el conocimiento del propio grado de cumplimiento de la Ley de Transparencia de Canarias,  antes de que sea revisado y verificado por los servicios del Comisionado.

Cada entidad pública obligada a mantener un portal de transparencia en sus páginas web podrá llevar a cabo con facilidad una autoevaluación sobre su grado de cumplimiento de la Ley; y reportar así  automáticamente y sin duplicar esfuerzos al Comisionado los datos necesario para el informe que cada año se ha de rendir al Parlamento de Canarias. y que se publica completo en la web www.transparenciacanarias.org .

Los resultados generados por el algoritmo serán utiles también para que las corporaciones insulares y locales puedan rendir cuentas a sus respectivos plenos anualmente sobre su nivel de cumplimiento de la leyes. Y para que los ciudadanos puedan conocer el grado de transparencia de cada una de las instituciones.

La aplicación incorpora, entre otras utilidades y funcionalidades, la “Metodología de Evaluación y Seguimiento de la Transparencia de la Actividad Pública” (MESTA) diseñada por el Consejo de Transparencia  en colaboración con la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas (AEVAL). Ha sido diseñada por los servicio técnicos del Comisionado y desarrollada como un modulo nuevo de su administración electrónica por la empresa «Galileo, Ingenieria y Servicios». La informacion se presentará a través de sede electrónica del Comisionado: https://sede.transparenciacanarias.org/ .

«Al completar los cuestionarios de la aplicación, cada entidad pública podrá obtener datos suficientes para rendir cuentas ante su órgano de gobierno, tanto de su propia autoevaluación como de la realizada sobre la misma, mediante su verificación y contraste, por los técnicos del Comisionado de Transparencia, en un ejercicio de «transparencia sobre su propia transparencia», indica el comisionado, Daniel Cerdán . «Al vincular la evaluación  a un algoritmo matemático, se reduce la arbitrariedad en las mediciones, se optimizan los esfuerzos a realizar y se permiten las comparaciones homogéneas entre instituciones de semejante tamaño. En el futuro esperamos evolucionar la herramienta para que sea posible hacer comparaciones con el resto de las instituciones españolas, aplicando un baremo más básico definido en la ley estatal.»

El año pasado, el Indice de Transparencia de Canarias (ITCanarias), inspirado en el MESTA, fue el primero en España en baremar con puntuaciones individualizadas a todas las instituciones públicas de una comunidad autónoma. Se evidenció que solo  el 21% -20 de las 96 instituciones políticas de Canarias – superaron el mínimo exigible,5 sobre 10, en publicidad activa: una realidad muy alejada de otros rankings que no miden el cumplimiento de las obligaciones legales de las administraciones. Este año serán sometidas a análisis también sus entidades dependientes. Los resultados de la primera evaluación pueden consultarse de forma completa aquí: https://transparenciacanarias.org/sites/default/files/informe2016/4_ActividadesEvaluacion.pdf

ITCanarias se aplicará a través de la aplicación telemática a los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales y entidades privadas al año de su entrada en vigor, cuando los medios técnicos del Comisionado de Transparencia de Canarias se hayan completado; sin perjuicio de que tales entidades siguen  manteniendo plenamente vigentes sus obligaciones de publicidad activa y se les pueda solicitar una autoevaluación por las vías que hasta ahora se han utilizado para el conjunto de ls instituciones públicas.

Otra de las tareas esenciales del Comisionado de Transparencia es dar respuesta a las reclamaciones de los ciudadanos cuando las instituciones les deniegan la información solicitada, de forma gratuita y ágil, a través de cualquier registro oficial o de la sede electrónica. Las resoluciones emitidas por este órgano garante son ejecutivas, de obligado cumplimiento de las administraciones si no las recurren ante el juez.  En más de cuatro de cada cinco casos, las resoluciones han sido estimatorias o han concluido de su trámite con resultado favorable a las peticiones de los ciudadanos.

La resolución que crea el aplicativo telemático puede encontrarse completa en el BOC: https://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/002/001.html

La entrada «T-Canaria», nueva aplicación telemática del Comisionado para conocer el cumplimiento de la transparencia de todas las instituciones canarias se publicó primero en Comisionado de Transparencia de Canarias.

El proyecto GOBAB es uno de los 56 proyectos aprobados de la primera convocatoria del Programa POMAC 2014-2020, que es el principal instrumento con que cuenta las regiones ultraperiféricas de España y Portugal para ofrecer una respuesta eficaz a los desafíos comunes a los que se enfrentan.

GOBAB contará con un 85% de financiación de Fondos Europeos FEDER que contribuirán a la consecución de una administración pública más alineada con los principios del gobierno abierto a través de medidas organizativas y tecnológicas concretas.

Los principales objetivos que se persiguen con el proyecto son la potenciación del gobierno abierto a través de la cooperación; la innovación tecnológica en los servicios públicos para avanzar hacia una Administración Pública innovadora, tecnológica y abierta, y la mejora de la transparencia de la información, la colaboración y la participación ciudadana en la Administración Pública.

La entrada Reunión informativa sobre el GOBAB, proyecto de cooperación con Senegal y Cabo Verde se publicó primero en Comisionado de Transparencia de Canarias.

Entrevista a Daniel Cerdán en La Provincia por Flora Marimón

El 80% de las instituciones canarias incumple la Ley de Transparencia. ¿Por qué es tan elevado el dato?

Lo que no llegan es al mínimo que podía esperarse. Hemos creado un Índice de Transparencia en Canarias, el primero que se hace en una autonomía, y hemos tratado de determinar diferentes exigencias tanto para el Gobierno y cabildos como para ayuntamientos grandes de más de 20.000 habitantes, y hemos encontrado que solo están llegando al mínimo, y fundamentalmente el resto no llega porque han entendido que cumplir con la Ley de Transparencia es abrir simplemente un portal. Y no es solo abrir un portal sino mantenerlo y actualizarlo con los datos que exige la norma, y eso cuesta tiempo y esfuerzo, y mientras no sientan una presión popular de mayor de demanda de los ciudadanos, las instituciones seguirán siendo poco transparentes.

¿Por qué los ciudadanos no presionan más? ¿Creen que no les van a contestar si piden información?

Es curioso. No presionan más porque no está en nuestra cultura canaria y española preguntar. De pequeños siempre se solía decir que es de mala educación preguntar, y parece que molestas si preguntas a tu alcalde o a tu concejal cosas delicadas. Pero si los ciudadanos no son exigentes la transparencia no se va a mover. Eso por una parte, pero es aún más difícil de entender por qué los profesionales de la pregunta, que son los periodistas, no lo utilizan más. Es cierto que tienen otras vías históricas, que son los gabinetes de prensa , pero también es cierto que esto les da más garantías porque aunque es un poco más lento, pues las instituciones tiene un mes de plazo para responder, tienen más garantías de que por esta vía se les responda, pero sin embargo no se quejan cuando buscan un dato que, en teoría, debería estar en el Portal de Transparencia y no está.

Es posible que no sepan cómo funciona, en general.

Puede ser, pero estoy seguro de que va evolucionar con el tiempo, aunque dependerá de que esa cultura cambie más rápido o menos rápido, porque la gente cuando aprecie todas la ventajas que suponen estos nuevos derechos de acceso a la información y que son relativamente rápidos los usarán más, porque si las administraciones no contestan en un mes pueden elevar un trámite gratuito ante el Comisionado, que genera una resolución ejecutiva para que respondan.

¿Cuáles son las cuestiones que las instituciones están dejando de poner en sus portales?

Fundamentalmente, y son temas que vamos a vigilar, es bastante escasa la información que ponen sobre planes y programas, y es un apartado de la ley que es muy claro, pues se indica que expliciten qué es lo que quieren hacer al principio de la legislatura para que la gente pueda saberlo y para que al final de una legislatura los ciudadanos puedan contrastar y ver en qué medida lo que dijeron que se iba a hacer, se ha ido haciendo y se ha hecho y, por lo tanto, la transparencia se convierta en una pieza fundamental para la rendición de cuentas. Luego, tampoco hay muy buena información ni muy accesible sobre contratos. Y esperamos en el próximo año poner especial atención sobre cómo las instituciones informan sobre su contratación. Esos dos temas son claramente mejorables en los portales de transparencia. A pesar de que la gente, en un primer momento, lo que iba era a mirar los sueldos de los políticos porque era la novedad ahora son estas cuestiones, como los contratos fundamentalmente.

¿Y qué preguntan sobre los contratos?

Pues de la contratación de múltiples servicios de las administraciones. Este tipo de información es la que ocupa más la atención de los ciudadanos y entidades.

El Gobierno tiene buena nota en transparencia, un 7,69 sobre diez, pero ¿bajaría si se contabilizaran las entidades dependientes del Ejecutivo?

El Gobierno ha hecho sus deberes iniciales en el Portal de la Transparencia, si bien en el primer año de la ley prácticamente hicimos una constatación de que las instituciones empezaron a aplicarla y tenían portal de transparencia; en el segundo año -2016- hemos elevado el listón de medida entendiendo que ya habían tenido más tiempo de aplicación de la ley y en esa elevación de listón ha habido algunas instituciones que han llegado al mínimo, entre ellas, el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en materia de portales de transparencia, porque, digamos, hemos colocado un listón bastante accesible. El año que viene elevaremos más el listón y analizaremos mucha parte de la información obligada del Gobierno que está en el segundo nivel, como empresas y entes vinculados al Ejecutivo. Este año no lo hemos podido ver, entre otras cosas por nuestra ausencia de medios.

¿Qué medios tienen?

Dos funcionarios técnicos y un auxiliar y queremos medir el año que viene a todas las entidades dependientes del Gobierno, cabildos y de los ayuntamientos, al menos las más importantes, que son 81 del Gobierno, más de 60 de los dos cabildos principales y el resto, hasta 394, del conjunto de las administraciones canarias. Y en el caso del Gobierno, en el ámbito de la instituciones dependientes la transparencia no es tan alta. Por lo tanto, si hubiéramos tenido medios para hacer el análisis también de las 81 entidades del Gobierno posiblemente esa nota hubiera sido más baja.

Si están incumpliendo en general la Ley de Transparencia ¿es que no se la están tomando en serio?

Lo que ocurre es que como no sienten la presión ni de los medios ni de la población pues, evidentemente, los cargos públicos van atender con los recursos limitados que tienen allí donde hay demanda, no solo donde la ley obliga. La transparencia ha estado en la agenda política de este país en los últimos tiempos como elemento de regeneración democrática y ha habido un primer intento de decir: empiezo a cumplir y abro mi portal de transparencia para que no me penalicen en Transparencia Internacional o el Comisionado… Vamos, para no aparecer mal en la foto, pero una vez hecho esto, ahora hacen falta unos medios que no siempre están dispuestos a poner y, a veces, es solo cuestión de organización de trabajo.

¿Es Canarias una comunidad transparente con respecto a otras?

En estos momentos hay tres comunidades autónomas en las que se conozca una evaluación global de la transparencia, que son Cataluña, Canarias y Castilla-León, que ha hecho también un intento de medición, pero no se está midiendo casi la transparencia en las comunidades autónomas y, menos, con un sistema homogéneo, por lo tanto, no las podemos comparar. Se está pendiente de implementar un sistema homogéneo de medición, que lo ha encargado el Consejo de Transparencia español. Por tanto, ahora no hay herramientas para comparar entre comunidades.

¿Qué tipo de reclamaciones recibe?

En el año 2015 hemos tenido 18, el año pasado 91 y este año posiblemente vamos a llegar a las 300, y ya le decía antes que las reclamaciones son, fundamentalmente, en contratos de la administración de todo tipo. La gente quiere saber bien sobre contratos particulares o bien sobre lo que la administración ha contratado en alguna materia concreta.

¿Y le dan la información al final?

De las que hemos resuelto, 72 fueron favorables a los ciudadanos y de esas ha habido dos instituciones que han empezado a recurrir. Estos recursos se van a sustanciar ante la sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias al considerar que somos un órgano parlamentario. Uno de los que han recurrido al Comisionado porque no quiere entregar una información importante sobre un contrato es el Consorcio de Aguas de Lanzarote. Es un tema sensible, y es evidente que las administraciones se van a a tener que acostumbrar a trabajar dando más información a quien se la pida.

¿Los ayuntamientos pequeños son los que más dificultades tienen para ser transparentes?

Hay ayuntamientos como Fasnia, Frontera, Güímar, Arico, El Sauzal, San Juan de la Rambla, Valverde, Tuineje y Santiago del Teide que, a pesar de ser pequeños, han hecho su esfuerzo y están mejor que muchos grandes. En el lado contrario hay mucho ayuntamiento que no se ha movido, como en municipios de La Palma. No siempre el ser pequeño te lleva a cumplir mal las obligaciones.

La entrada «Sin presión ciudadana las instituciones seguirán siendo poco transparentes « se publicó primero en Comisionado de Transparencia de Canarias.

Respecto al amparo a los ciudadanos que no ven respondidas sus preguntas  a las administraciones canarias, explicó que en 2016  casi se  quintuplicaron las resoluciones sobre reclamaciones  de información de ciudadanos respecto a las que resueltas en la segunda mitad del año 2015. Este trámite gratuito  se puede realizar vía sede electrónica  del Comisionado o a través de cualquier registro oficial. En 2016 los ciudadanos presentaron  91 reclamaciones a todas las instituciones canarias,  de las que 85 se admitieron y  72, (el 84,7%) se resolvieron con estimación favorable para los reclamantes.

El comisionado de Transparencia explicó en el Pleno que se ha dado amparo por  primera vez a miembros de la oposición de corporaciones  insulares o locales a los que no se respondía adecuadamente desde los equipos de gobierno; porque ellos también pueden recurrir a  la Ley de Transparencia. Este nuevo órgano garante no pertenece o esta vinculado al Gobierno de Canarias, sino al Parlamento.

“La base y la cúspide de la pirámide de la acción pública es el conocimiento de lo que hay, de lo que se dice que se hará para cambiarlo, de lo que realmente se hace,  y también el conocimiento de sus resultados; es decir, el conocimiento del diagnostico, del plan, de la acción y de la evaluación”, indicó el comisionado. “Si a ello se da cobertura en los procedimientos de transparencia  habremos logrado a un tiempo el gobierno abierto  (palabras de moda en la nueva agenda) y la rendición de cuentas; término muy antiguo y no solo contable, sin el que es imposible una participación ciudadana responsable, tanto en la propuesta de acciones como en el ejercicio del voto, ultima y soberana acción participativa”.

En el cierre del debate el Comisionado agradeció el hecho de que los seis portavoces de los grupos parlamentrarios reconocieran unánimemente el avance  de este segundo informe anual y del Indice de Transparencia de Canarias respecto a la evaluación anterior de 2015. Melodie Mendoza (ASG), Esther González (NC), Concepción Monzón (Podemos, Luz Reverón (PP) , Ventura Rodríguez (PSOE), y Socorrro Beato (CC)  coincidieron asimismo en la necesidad de que se refuercen los medios para ejercer la transparencia en las administraciones y para que este órgano garante pueda ampliar el control, al menos, a las 394 entidades públicas obligadas por la Ley de Transparencia de Canarias.

»»» Discurso íntegro de Daniel Cerdán en el Parlamento de Canarias

»»» Vídeo de presentación del Informe Transparencia 2016 al Parlamento de Canarias

La entrada El 80% de las instituciones canarias no supera el mínimo exigible de la Ley de Transparencia se publicó primero en Comisionado de Transparencia de Canarias.

Con la presentación del informe, el comisionado Cerdán informó a la Cámara de que han puesto en marcha el índice de transparencia de Canarias, el ITCanarias. «El primer índice oficial de carácter autonómico en España, no hay en ningún otro hasta ahora. Centrado sobre todo en los portales de transparencia, refleja avances notorios y significativos sobre la situación del año 2015, pero también el largo trecho que queda por recorrer para que 76 de las 96 corporaciones y universidades de Canarias alcancen el mínimo exigible y para que el resto, todas ellas, logren la excelencia deseable», explicó.

El contenido íntegro del Informe anual se halla en este enlace.

En el desarrollo de la sesión plenaria intervinieron los portavoces de Agrupación Socialista Gomera-ASG (Melodie Mendonza); Nueva Canarias-NC (María Esther González); Podemos (María Concepción Monzón); Partido Popular-PP (Luz Reverón); Partido Socialista-PSOE (María Ventura del Carmen) y Coalición Canaria-CC (Socorro Beato).

El desarrollo de la comparecencia en el Pleno se desarrolla en este vídeo.

A continuación, se publica la transcripción completa de la presentación del informe anual de 2016 ante el Pleno del Parlamento de Canarias, publicada en Diario de Sesiones 86/2017, de fecha 13/9/2017, del Parlamento de Canarias.

9L/ICTR-0002 INFORME DEL COMISIONADO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. INFORME ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.

La señora PRESIDENTA: Vamos ahora con el señor comisionado de la Transparencia, si es tan amable.

Buenas tardes, señor comisionado de la Transparencia, si quiere se incorpora y presenta su informe.

Diez minutos, señor comisionado.

El señor COMISIONADO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (Cerdán Elcid): Buenas tardes a todos.

Señora presidenta y señorías de esta Cámara, estimados oyentes de la presentación del segundo informe sobre la evaluación del cumplimiento de la Ley de Transparencia de Canarias en el año 2016.

Sin los preámbulos cervantinos de la presentación del 20 de julio del año pasado, en los que perdí un poquito de tiempo, adelanto directamente los enunciados esenciales a los que decidan concederme el regalo de su atención en los próximos minutos.

En primer lugar, un agradecimiento intenso, que no es un mero ejercicio de cortesía, a la Mesa y a la Junta de Portavoces por decidir que este informe se presente también en el pleno, no solo en la Comisión de Gobernación. Es señal y muestra de la relevancia que la Cámara da a los caminos que abrió a la buena gobernanza de todas las instituciones canarias en la ley aprobada en diciembre de 2014. Caminos o sendas que trazan las nuevas obligaciones de transparencia y acceso a la información, una muestra clara que agradezco y valoro por un hecho esencial que explicaré más adelante.

Hecha la evaluación de las 96 instituciones canarias y sus 2 universidades en el informe ya publicado antes del verano y también en el Boletín Oficial de esta Cámara, corresponde a sus señorías analizar y debatir el propio trabajo de la más joven, pequeña y humilde autoridad independiente de Canarias. Un Comisionado de la Transparencia vinculado a esta Cámara y no al Gobierno, como aún muchos piensan por analogía con otros comisionados, un comisionado que vigila el cumplimiento tanto de los portales de transparencia como la respuesta que se da a las preguntas escritas de los ciudadanos. Y ahora les indicaré un poco las novedades respecto al informe del año anterior.

Hemos puesto en marcha el índice de transparencia de Canarias, el ITCanarias. El primer índice oficial de carácter autonómico en España, no hay en ningún otro hasta ahora. Centrado sobre todo en los portales de transparencia, refleja avances notorios y significativos sobre la situación del año 2015, pero también el largo trecho que queda por recorrer para que 76 de las 96 corporaciones y universidades de Canarias alcancen el mínimo exigible y para que el resto, todas ellas, logren la excelencia deseable.

En el 2016, hemos casi quintuplicado las resoluciones del comisionado frente a reclamaciones de información de ciudadanos respecto a las que resolvimos en la segunda mitad del año 2015, que fue nuestro primer periodo de mandato. Nos presentaron, el año pasado, 91 reclamaciones, de las que 85 eran admisibles. De ellas, estimamos favorablemente 72, el 84,7 %, un porcentaje significativamente elevado.

Estas resoluciones obligan al Gobierno, a cabildos y a ayuntamientos a entregar la información pedida por los ciudadanos. Pero, para ser precisos, justos y autocríticos, he de indicar que nuestras resoluciones, en muchos casos -40 concretamente-, han sobrepasado los tres meses de plazo que prescribe la ley, porque solo conté en 2016 con los mismos dos técnicos superiores que el año precedente, uno de ellos dedicado a esta actividad de las resoluciones y de acceso a la información. Y lo que es peor, la situación se agravará este año porque se están triplicando las reclamaciones y posible que en el próximo 2018 vuelvan a multiplicarse por dos. Y eso ocurre no necesariamente por una peor disposición de las administraciones, sino porque los ciudadanos, más conocedores sus derechos, están preguntando más y sobre cuestiones más difíciles o más comprometidas.

Pero lo que es más preocupante en este campo es que, de las 72 resoluciones ejecutivas indicadas como favorables para los ciudadanos, al menos 13 han sido manifiestamente incumplidas, porque ni han entregado la información ni han recurrido a los jueces, como era su deber si discrepan con el comisionado.

Pusimos en marcha en este año pasado también nuestra administración electrónica y nuestra sede electrónica, un esfuerzo añadido para suplir la falta de medios, que agiliza procedimientos y da mayores garantías a los ciudadanos. Y dimos amparo, por primera vez, a miembros de la oposición de corporaciones insulares y locales a los que no se respondía adecuadamente desde los equipos de gobierno, porque ellos también pueden recurrir a la Ley de Transparencia.

Les decía al principio que me detendría en un detalle relevante que justifica la atención de este Pleno a estos hechos. Aprobada la ley estatal de transparencia y más de una decena de leyes autonómicas, muchos tienen la impresión de que nuestro secular atraso en materia de acceso a la información pública tiene las vías de solución trazadas y solo hay que dejar que el paso del tiempo vaya haciendo su efecto. Tal actitud es tan ingenua como la de los que piensen que si los arquitectos dibujan sus planos los edificios acaban construidos inevitablemente.

Digo esto porque empieza a existir la sensación en algunos ámbitos políticos de que la transparencia y el acceso a la información como nueva herramienta para la mejor gobernanza es cosa alcanzada, resuelta, lista porque se han aprobado unas leyes, porque se ha puesto un cártel que dice «portal de transparencia» dentro de las páginas web o porque se han respondido algunas preguntas. Unos sostienen esto por mero postureo, y no descarto que los más responsables lo dicen o lo sostienen porque piensan que tienen otras cosas mejores que hacer que contar fielmente lo que hacen o hacer cabalmente lo que dijeron que harían, tienen cosas mejores que hacer que ser transparentes, ser consecuentes o rendir cuentas.

Esta es la base y la cúspide de la pirámide de la acción pública, el conocimiento de lo que hay, de lo que se dice que se hará para cambiarlo, de lo que realmente se hace y también el conocimiento de sus resultados, es decir, el conocimiento del diagnóstico, del plan, de la acción y de la evaluación. Si a ello se da cobertura en los procedimientos de transparencia, habremos logrado un tiempo el gobierno abierto -palabras que están ahora de moda en la nueva agenda- y también la rendición de cuentas, término muy antiguo, y no solo contable, sin el que es imposible una participación ciudadana responsable tanto en la propuesta de acciones como en el ejercicio del voto, última y soberana acción participativa.

¿Por qué hemos visto esa cierta autocomplacencia en este campo en los últimos tiempos? ¿Por qué algunos tienen tanta tentación a pensar que solo dos o tres años después de la Ley de Transparencia ya alcanzaron el grado de notable, de excelente o de sobresaliente en sus sistemas de acceso a la información? Yo creo que es porque, lejos de querer cumplir la ley básica española o las más ambiciosas autonómicas, se autoevalúan y se conforman con cumplir los viejos códigos de Transparencia Internacional, mucho menos exigentes que la legislación española y, desde luego, mucho menos exigentes que la legislación canaria. Es como si, habiendo llegando por edad y ley al grado de universitarias, muchas instituciones se empeñaran en autoevaluarse con pruebas de examen de primaria o secundaria, y eso no vale. Esa es una argucia tentadora para la galería, pero soslaya con disimulo el cumplimiento completo de las obligaciones de las leyes vigentes.

Y hoy quiero decirlo claramente: Transparencia Internacional tuvo un papel muy importante en el lanzamiento de los portales de transparencia en España cuando no existían las leyes, la mayoría de ellos se crearon para no quedar penalizadas por esta prestigiosa ONG. Y Transparencia Internacional tiene hoy una actividad realmente encomiable en otros campos más avanzados del buen gobierno, como la integridad pública, la buena contratación, la protección de denunciantes públicos o la regulación de los lobbies, entre otros.

Temas de extraordinaria relevancia muy conectados a la transparencia que nos ocupa y en los que sin duda esta Cámara, por cierto, tiene y puede y puede y tiene que seguir trabajando y profundizando a través del proyecto de ley reguladora de personas que ocupan cargos públicos; como ha hecho recientemente, en junio, Aragón, que ha enriquecido con muchos de los temas propuestos por Transparencia Internacional lo que ha sido su reciente Ley de Integridad y Ética Públicas, aprobada el pasado mes de junio; una ley que viene a ser una modificación y una ampliación de su Ley de Transparencia.

Pero numerosos autores académicos han señalado que los 80 indicadores de evaluación de los portales web que realiza Transparencia Internacional están lejos de contemplar las 254 obligaciones que las leyes canarias -la de cabildos, la de ayuntamientos y la de transparencia- señalan para cabildos y ayuntamientos, en un caso, o las 290 obligaciones que la Ley Canaria de Transparencia les señala al Gobierno regional y a sus entidades vinculadas.

Quería hacer esta precisión para que no se confundan ambos campos: ser bien evaluados en Transparencia Internacional no significa estar cumpliendo las leyes de transparencia. En todo caso, desplegados los planos de la arquitectura del sistema de transparencia en Canarias y en España, en dos años apenas hemos comenzado a levantar los cimientos de un edificio que en otros países se ha creado en siglos o en décadas. Sólidos edificios, por cierto, los de otros países, todo sea dicho, pero que no soportan a veces, o muy malamente lo soportan, los embates actuales de las postverdad, de las verdades alternativas o de las verdaderas ficciones como sustitutivas de los verdaderos hechos.

Es bueno tener esto presente, saber de dónde partimos y ser conscientes de que estamos al inicio del camino. Y sí, la transparencia no es algo, a primera vista, tan valioso para los ciudadanos como el sistema de pensiones, que debemos mantener y proteger. La transparencia es algo pendiente de construir que, desde luego, para muchos no será equiparable al sistema de pensiones, una herramienta de protección y un final de vida mínimamente digno para la mayoría. Pero el sistema de transparencia es una herramienta que da cobertura y garantías al conocimiento de cómo se cumple todo el sistema de derechos: el de pensiones, el de salud, el de educación, el de justicia, todos. Si la transparencia no funciona bien, no solo la sociedad va un poco a ciegas, también los gobiernos pueden ir a tientas y no saber qué hacen sus administraciones, porque muchas veces la ausencia de transparencia oculta otra carencia, como es la ausencia de sistemas de información interna que permitan saber a los gobiernos y diputados qué es lo que realmente hacen las administraciones, sus administraciones.

Los sistemas de información convertidos en transparencia pública constituyen un iluminador cuadro de mando en el que, en esta era de la complejidad, no es posible ni la rendición de cuentas de los poderes…

La señora PRESIDENTA: Comisionado, tres minutos más. Tres minutos más, señor comisionado, por lo que veo que tiene ahí…

El señor COMISIONADO DE TRANSPARENCIA (Cerdán Elcid): Muy bien, gracias.

¿Por qué digo esto? Porque en el sistema de transparencia y acceso a la información en una sociedad es la contrapartida pública que da respuesta a una de las dos esenciales libertades sobre las que descansa todo nuestro sistema de convivencia bajo un Estado de derecho. ¿A qué es contrapartida el sistema de transparencia? Es la contrapartida a la libertad de expresión, que se concreta también en la libertad para preguntar y para saber. La respuesta pública a esa libertad es el derecho al acceso a la información. Sobre ese pilar y sobre el derecho a un procedimiento reglado se asienta el conjunto de todos los demás derechos, fundamentales o no, porque sin libertad auténtica para hablar o para pedir información ningún otro derecho, el que sea, se puede reclamar o exigir auténticamente, ninguno. La libertad de expresión es previa y esencial para ejercer el derecho a saber, a conocer, que es en el que se sustentan la transparencia y el derecho al acceso a la información.

La libertad de expresión sin contrapartida pública de transparencia es una libertad coja, incompleta, frustrante cuando interpela a los poderes públicos, porque incluye el derecho a decir y preguntar sobre cualquier otro derecho o libertad, pero no el derecho a ser respondido, y ese derecho es ahora cuando ha sido mejor reconocido por las leyes de transparencia y acceso a la información. En esa lucha estamos.

Y si empezaba con un agradecimiento, quiero cerrar con otro, no menos sincero, al pequeño y compenetrado equipo que ha hecho posible el trabajo que refleja este informe. Una aspiración que tengo muy presente a menudo tiene que ver con lo que se decía en Burgos de don Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid. Metafóricamente, sobre los servidores de mi equipo, cabe pensar qué buenos vasallos si tuvieran un buen señor; siempre son una referencia muy estimulante para llegar y estar a su altura.

Gracias.

(Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor comisionado. Muchas gracias.

Intervención de los grupos, ahora por orden de menor a mayor, como siempre. Comienza el Grupo Mixto.

Señora Mendoza, siete minutos.

La señora MENDOZA RODRÍGUEZ: Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías, buenas tardes, señor Cerdán.

Antes que nada, darles las gracias a usted y a su equipo por la labor que están realizando desde la oficina del comisionado de la Transparencia. Una institución que cada año que pasa va cogiendo fuerza en Canarias y a la que solo falta dotarla de más medios para que pueda potenciar su tarea y tener más presencia en todas las islas. Y, precisamente, añado a mi agradecimiento el reconocimiento que usted dijo al comienzo de su exposición la semana pasada, que, aunque yo no pude estar presente en la comisión, sí que me la vi, y es que son los pequeños municipios y cabildos los que hacen un gran esfuerzo en poner en marcha la Ley de Transparencia. Hacemos un gran esfuerzo en que se reconozca no solo este hecho, sino que hace falta dotar más medios a su oficina y en que debe de tener más presencia en todas las islas a través de la participación en jornadas. En esto estamos absolutamente de acuerdo.

Como también estamos de acuerdo en valorar muy positivamente el grado de dedicación a la atención a todos los requerimientos de ayuda e información que le hacen los ciudadanos las veinticuatro horas del día. Una atención que, a pesar de todo, arroja un dato objetivo de demora media de noventa y cinco días para contestar solicitudes, esto nos obliga, una vez más, a pedir que haya una mayor dotación de recursos humanos para complementar la fantástica labor de los dos funcionarios -creo que son- y tres becarios que lo acompañan. Hay que entender que no es suficiente y que deben atender a decenas de reclamaciones durante el año, cantidad que va en aumento: 18 en el 2015, hasta 91 en 2016 y ya a mitad de este año iban por 119 registradas.

Como usted bien recoge en el informe, la demora de resolución de noventa y cinco días irá en aumento, no olvidemos que ya nos pasábamos del plazo de resolución máximo cuando era cuarenta días. Ahora que la ciudadanía empieza a reconocer en la figura del comisionado de la Transparencia un referente para dirigir las reclamaciones sobre esta materia y sobre acceso a la información para que tengan los habitantes de nuestras islas, tenemos que hacer más accesible la propia figura del comisionado.

El año pasado usted hablaba en el informe de la necesidad de cambiar aspectos de la Ley de Transparencia para poder reforzar la respuesta de esta institución. Si se ha analizado la incidencia de la aplicación práctica de la ley y se encuentran deficiencias o cosas que se deban mejorar, tenemos que implementar para hacer las mejoras necesarias. Es un tema que vale la pena analizar y trabajar entre todos. Y quizás en este sentido lo más fácil es pedirle al Gobierno que empiece a desarrollar el reglamento de la ley, un tema que deberíamos tener resuelto esta legislatura y luego ir analizando qué deberíamos cambiar. Porque la misma situación que tenemos aquí la tenemos en el resto de autonomías e incluso en la ley estatal. No se olviden de que el compromiso con la transparencia de las administraciones y la creciente demanda social acerca de este tema apenas tiene unos años, a pesar de que llevemos más de cuatro décadas en democracia.

Esta cultura de la transparencia y el compromiso de responder a ella con solvencia es una tarea en la que estamos muchas de las administraciones insulares, locales y regionales; pero lo cierto es que lo limitado de los recursos hace que todavía vayamos más lento y que quizás se retrase durante unos años para por estar al cien por cien de efectividad al ciudadano. Pero poco a poco, yo creo que todos, y con la intención de ser cada vez más transparentes, lo vamos a conseguir; aunque incido en que -yo hablo por las corporaciones locales- estamos bastante limitados en recursos.

Y porque es lo que debemos hacer y ahora hemos puesto los cimientos y estamos construyendo, debemos también revisar todos los proyectos para establecer un mejor diseño del marco legal o definitivamente quedarán grietas.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Mendoza.

Turno ahora para el Grupo de Nueva Canarias. Señora González.

La señora GONZÁLEZ GONZÁLEZ (doña María Esther): Gracias, presidenta. Señor Cerdán, buenas tardes.

Yo quería empezar diciendo que esperaba que hoy en este pleno, porque esto ya lo debatimos hace una semana en comisión, pero bueno había una diferencia, hoy estaban todos los diputados y se suponía que estaba el Gobierno. Tal como se dijo en la proposición de ley de antes, tampoco hay ningún miembro del Gobierno… Gobierno, Administración, comunidad autónoma, que tenía…, que es uno de los sujetos obligados para el cumplimiento de la ley.

En cualquier caso, y como le dije, el planteamiento, la posición de mi grupo, de Nueva Canarias, respecto al informe, a la Ley de Transparencia y a la aplicación de la transparencia en Canarias ya la conoce porque se la comentamos la debatimos en la comisión. En cualquier caso, hoy pretendo hacer un resumen porque con el escaso tiempo no va a haber para mucho más, pero, bueno, volverle a reiterar la felicitación por el informe del 2016. Un informe que va mucho más allá, es mucho más profundo y mucho más elaborado que el del 2015 y, además, que, como ya le dije, incluye un dato que entendemos que es muy muy importante -por lo menos para nuestro grupo- que es el índice de transparencia de Canarias, que va a permitir evaluar de forma objetiva la realidad canaria en materia de transparencia.

Evidentemente, queda mucho que avanzar en los futuros informes, pero para que eso ocurra, además del trabajo que tiene que seguir haciendo el Comisionado de la Transparencia, es necesario que todos los sujetos obligados cumplan efectivamente la ley, la apliquen de forma efectiva. Y como también ya le dije, y muy a mi pesar o muy a nuestro pesar, no tenemos mucha esperanza de que esto ocurra a corto ni siquiera a medio plazo. Y, particularmente o básicamente, porque no existe en Canarias cultura de transparencia, no existe en la ciudadanía, pero, lo que es peor, tampoco existe cultura en los gobernantes. Uno de los ejemplos que pone el informe es que menos del 1 % de los canarios visita el portal de transparencia del Gobierno, y yo ya le comenté que no era de extrañar, dada la escasa publicidad que, tal como dice el informe, se le ha dado a este portal ahora y desde el año 2015 en que se creó el portal, y sin una buena campaña de difusión es muy difícil, primero, conocer el portal y todavía más difícil incrementar su accesibilidad y su usabilidad.

Y, además, no vale el que hay recortes, el que no hay dinero, el que el dinero hay que utilizarlo en servicios básicos fundamentales porque es que para este tema ha habido desde el año 2014 partida presupuestaria, ha habido dinero y no se ha utilizado. En el 2017 esperamos, como espera el comisionado, que el dinero que hay se utilice, pero, además, que se utilice para el fin que fue previsto.

En cualquier caso y con respecto a la escasa cultura por parte del Gobierno, en este caso, del Gobierno de Canarias, yo voy a reiterar de lo que ya hemos hablado en este Parlamento muchísimas veces, y es reiterar el incumplimiento por parte del Gobierno de Canarias a los requerimientos hechos por los diputados de este Parlamento, sobre todo en las solicitudes de documentación y en las preguntas escritas. Ese reiterado incumplimiento obstaculiza o en muchos casos impide que podamos cumplir con nuestro trabajo, y somos los diputados los representantes de la soberanía popular, con lo que no contestarnos a nosotros es no contestar a la ciudadanía. Si no lo hacen con sesenta, cómo podemos esperar que lo hagan con el resto de la ciudadanía. Hicimos numerosas preguntas orales por parte de todos los grupos preguntándole al Gobierno el porqué de esos incumplimientos y se limitaron en todos los casos a pedir disculpas, pero, insisto, disculpas que no fueron sentidas. Vamos, y se lo digo por experiencia, porque hace un año mi grupo pidió una serie de documentación, hizo las oportunas preguntas orales en el pleno, en este pleno se nos dio propósito de enmienda y un año más tarde, porque las preguntas fueron realizadas en septiembre del año pasado, un año más tarde, seguimos sin tener la documentación.

Para concluir, tal como le dije en la comisión, la realidad es que aquí todos los Gobiernos se llenan la boca hablando de transparencia porque es lo que toca, porque es lo que está de moda y porque, además, insisto, se creen que si hablan de transparencia alejan toda sospecha de corrupción, que también es lo que está de moda; pero la realidad es que la Ley de Transparencia, una ley aprobada por este Parlamento pero a propuesta del Gobierno, se ideó exclusivamente para cumplir el expediente, para quedar bien, pero con la intención de no cumplirla, y a los hechos me remito. No la ha cumplido ninguna institución: ni los cabildos, ni los ayuntamientos, ni la universidad, ni el Gobierno de Canarias, pero a los tres primeros les vino impuesta, en el caso del Gobierno de Canarias no es así, puesto que el texto que aquí se aprobó fue a propuesta del Gobierno de Canarias y en ese texto venían las condiciones para el cumplimiento de la norma.

La realidad es que, dos años y pico más tarde, no la han cumplido, y como no pasa nada, porque la propuesta de ley, una vez se hizo la propuesta y se hizo la trampa, la ley contempla un régimen disciplinario difícil de llevar a cabo y además no regula la ejecutividad de las resoluciones y cómo enfrentarse a los incumplimientos de la misma, lo que convierte, en primer caso, a la institución del Comisionado de la Transparencia en un órgano poco eficiente y, a la vez, provoca una desvalorización de la ley por falta de consecuencias en su incumplimiento.

Con lo cual, señor comisionado, reitero, en nombre de mi grupo, que muy pocas esperanzas de que en Canarias y de que el Gobierno de Canarias sea transparente. Y la opacidad también, a los ejemplos de todo este verano me remito. Me remito a las microalgas, es más, me remito incluso ya no solo a lo que es la Administración general, me remito a un ente como el de la Radiotelevisión Canaria, donde también lo que existe, o lo que ha existido hasta el momento, esperemos que no siga, es opacidad.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora González.

Turno ahora para el Grupo Podemos. Señora Monzón.

La señora MONZÓN NAVARRO: Buenas tardes a todas y a todos.

Señor comisionado de Transparencia, en primer lugar, quería felicitarles no solo por el informe, el segundo informe que se realiza, mucho más extenso, mucho más completo que el del año anterior, a usted y a todo el equipo que ha trabajado durante todo este año por la transparencia en Canarias, también a los becarios -que usted hacía mención también en la comisión- y todas aquellas personas que creen en la transparencia realmente. Porque, como decíamos, la transparencia es mucho más que cumplir una ley, es una forma de hacer gobierno, es una forma de hacer política que demanda la ciudadanía en épocas de crisis aun con mayor razón, nuestros ciudadanos quieren saber que donde se les ha dicho que tenían que apretarse cinturones, donde se les ha recortado en derechos, ese dinero que ha dejado de percibir, como derecho, la ciudadanía, qué es lo que hacen los gobiernos con ese dinero que es de todas y de todos.

Además, la transparencia es una forma activa de luchar contra la corrupción y el mal gobierno y es una forma de participación; lo decíamos en la comisión, lo que no se ve, lo que no se sabe, lo que no se conoce no existe. Difícilmente, de lo que no se conoce, se puede participar. Por tanto, la transparencia, además, exige una dación de cuentas sobre las decisiones y acciones, usted lo estaba diciendo hace un momento en su intervención, algo que, tristemente, ni muchos gobiernos ni muchos partidos políticos están dispuestos, a dar explicaciones a la ciudadanía sobre los actos y sobre las acciones que realizan.

Me gustaría empezar por donde usted ha empezado, hablando de la falta de medios del Comisionado de Transparencia, ya lo hablábamos, esas políticas austericidas que han afectado a todas las administraciones públicas con tasas de reposición que no tenían ningún sentido porque no se adaptaban a la realidad de ninguna de las instituciones, de ninguna de las administraciones públicas, sino que vienen dictadas por el Estado sin tener en cuenta absolutamente nada. Y, evidentemente, el Comisionado, que ha surgido o se ha generado en un momento en el que precisamente estábamos en esas políticas austericidas, ha sido uno de los más castigados.

Yo quiero recordar que, además, desde este grupo parlamentario, desde el Grupo Parlamentario de Podemos, en los presupuestos del 2017 presentamos una enmienda precisamente para aumentar en el capítulo, en el subconcepto 190, de gastos de personal, 200 000 euros para mejorar, precisamente, el personal que pudiera tener el Comisionado de Transparencia y que se eliminaran los complementos salariales de portavoces y presidentes de los grupos, que, por supuesto, no fue apoyada por esta Cámara.

Dicho esto, hablando ya expresamente del informe, reiterarnos en algunas cuestiones que hablamos ya en la comisión y que le adelantamos que compartíamos con el informe que ustedes han realizado. Por un lado, los ajustes que necesita la ley. Usted habla de ajustes, nosotros hablamos de modificaciones reales que necesita la ley para que realmente tengamos una publicidad activa que sea realmente eficaz. Es decir, ahora mismo la publicidad activa no tiene plazos de publicación, no tiene ninguna normativa para su actualización ni requisitos de calidad de la misma, eso es importantísimo. Cualquier portal de transparencia, cualquier web que dé información si no está actualizada no solamente es que desinforme a la ciudadanía, sino que yo creo que es más grave. Nosotros comentábamos un caso concreto en la Comisión de Industria, Energía y Comercio sobre el autoconsumo de energía eléctrica en que la página web estaba totalmente desfasada, una normativa que estaba totalmente desfasada, que ya estaba derogada y que, por tanto, era tal el daño que se hacía que era mucho mejor que no hubiera información a que la información estuviera mal en una página web. Y eso, evidentemente, es algo que, bueno, pues, o no se tiene en cuenta o no hay interés por parte de los responsables políticos para que esos portales, esa publicidad activa esté actualizada.

Otra cuestión importante. Hablábamos de la calidad de la información, que sea útil para los usuarios utilizarla, con formatos a través de los cuales se ponga a disposición y que esos archivos estén abiertos; eso lo hemos comentado muchas veces. Poco a poco, en algunas web se ha ido mejorando, pero de nada sirve un PDF que abrimos y que en ese momento ya deja de estar actualizado y que ni siquiera muchas veces nos deja copiar y pegar ni el texto que está en ese PDF, ¿no?

Los incumplimientos sobre la publicidad (ininteligible) contratos menores. Usted hablaba del amparo a cargos públicos cuando solicitan información, que también son ciudadanos, y que no se les da. Nosotros le agradecemos porque, finalmente, de aquella resolución, que usted…, sobre un consejero de Podemos del Cabildo de El Hierro, uno de los más incumplidores, pues finalmente parece que han reaccionado y que una cuestión como eran los contratos menores, que tienen que ser publicidad activa, pues al final se va a dar como un acceso, como una solicitud de información.

No sabemos muchas veces las subvenciones, es difícil saber quiénes son los beneficiarios y adjudicatarios. Muchas veces también, cuando hay un incumplimiento, no pasa nada, que ese es otro de los graves problemas que tenemos con esta ley. Usted lo dice: el régimen sancionador que tiene la ley es muy difícil poder aplicarlo.

Usted habla, además, de que esa información que se demanda, como solicitud de información, debería pasar a publicidad activa y nosotros le damos la razón, porque, además, esto facilitaría los medios. Es decir, si tenemos esa cultura -que no existe- de transparencia en la que cada vez que haya información que se genera esa información está como publicidad activa, realmente vamos a ahorrar en el trabajo, en el esfuerzo que tienen que hacer cuando se solicita una información por escrito, un acceso a la información y que tienen que elaborarla o traducirla o buscarla las personas, los responsables que tienen que hacerlo.

También la dificultad en la estadística. Los datos que usted ha reflejado, ese índice de transparencia que usted ha intentado reflejar en un informe con muy pocos medios, con poca cultura, como ha dicho, y con poco que haya estudios y unanimidad en todas las comunidades autónomas para poder hacer ese índice de transparencia, se ha hecho con la dificultad de encontrar todos los datos. Porque resulta que, al final, cuando usted solicita esos datos en algunas instituciones le dicen que no ha habido y es que usted tiene la certeza de que sí lo ha habido, quizás porque la estructura de esas administraciones no reconoce que la solicitud de información que tenga que pasar y que se contabilice como transparencia…, y que, sin embargo, esa estructura no lo permita.

Por tanto, esa opacidad de la que hablamos, que existe en todos los aspectos muchas veces, de muchas administraciones es imposible de controlar en el sentido de que no pasa si lo hacen. Por tanto, el coste es visibilizarlo para ver si se ponen coloraos -y me va a permitir esta expresión- y reaccionan, por tanto, las instituciones para facilitar esa información.

Como me queda muy poco tiempo, voy a terminar como usted decía, que la ciudadanía exige que no solamente sean los programas, las acciones, el buen temperamento (ininteligible), sino que la gente quiere que las metas que realiza cada gobierno se sepa cómo se hacen.

Para nosotros la transparencia sirve en el ámbito público para ganar eficiencia y legitimidad, y es la ciudadanía la que con urgencia reclama una democracia que inevitablemente tiene que tener por más participación de nuestra sociedad.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Monzón.

Turno ahora para el Grupo Popular. Señora Reverón.

La señora REVERÓN GONZÁLEZ: Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señor comisionado.

Sí me gustaría, antes de empezar mi intervención, pues, felicitarlo por el trabajo que han hecho usted y su equipo.

Dicho esto, hasta aquí se han acabado las felicitaciones. ¿Y por qué digo esto? Pues porque da la sensación de que hoy en lugar de hablar del informe de la transparencia vamos hablar del informe de la no transparencia. Hago alusión a esto porque cualquiera que haya tenido acceso al informe podrá comprobar la actitud negligente por parte del Gobierno de Canarias y de muchas corporaciones locales a la hora de aplicar la ley.

Señorías, la propia exposición de motivos de esta ley está cargada de muy buenas intenciones, pero, a día de hoy, poco creíble por su grado de incumplimiento. Desde mi grupo parlamentario consideramos que esta es una de las leyes más importantes para el funcionamiento de los poderes públicos. Es una ley para la calidad democrática, es una ley llamada a transformar muchas cosas: la manera de concebir el poder, el ejercicio de la función pública, el ejercicio de la actividad política, la gestión del dinero público y también la manera de concebir el lugar del ciudadano dentro de un estado democrático. Es una ley que, además, es una respuesta global del sistema democrático en un momento, y todos lo sabemos, en que la regeneración política se hacía especialmente necesaria.

La transparencia, señorías, es sin duda uno de los elementos que complementan la democracia; asimismo, la transparencia posee rasgos estrictamente democráticos. En palabras de muchos autores, la transparencia es un indicar de legalidad. Sin embargo, para que la transparencia pueda llevarse a cabo debe existir información de calidad y eso a día de hoy todavía no lo tenemos. Asimismo, también se requiere, por supuesto, una ciudadanía crítica para que se pueda hacer algo útil con esa información.

A lo largo de mi trayectoria política, he escuchado en muchas ocasiones que los problemas de la democracia se resolvían con más democracia y que los problemas de libertad se resolvían con más libertad. Pues quiero pensar que los problemas de la transparencia se deberían haber resuelto con esta Ley de Transparencia. Sin embargo, tras la lectura del informe que ha presentado el señor comisionado, queda mucho por hacer. El objetivo de la norma para que los ciudadanos sepan qué se hace con su dinero, qué se hace con ese poder, para qué se hace y quién lo hace dista mucho de ser una realidad.

La presentación del informe distingue entre lo que es la publicidad activa y el derecho de acceso a las administraciones públicas canarias, y se puede observar claramente el incumplimiento -y lo vuelvo a repetir- flagrante de la comunidad autónoma. Y lo digo porque, tal y como dice el Comisionado en su informe, y leo textualmente, «el Servicio Canario de la Salud no tiene portal de transparencia ni informa sobre sus obligaciones de publicidad activa en su web y ha mantenido un largo oscurantismo respecto a datos de alto interés para la opinión pública como son las listas de espera». Creo que con esto está todo dicho.

Asimismo, se evidencia que el Comisionado tiene la necesidad de contar con un mejor sistema de registro, toda vez que en su comparecencia nos manifestó, pues, que habían unos datos que remitía el Gobierno y los cabildos y que no le constaban al señor comisionado.

Por lo expuesto en este informe, el Comisionado no ha podido efectuar un control específico, pero no se preocupe, porque esta Cámara, como han dicho personas que me han precedido en la palabra, le habrán dicho bien clarito que tampoco nosotros hemos podido ejercer este control porque nos falta información. Asimismo, falta información a la ciudadanía.

Esa es la manera que tiene de entender la transparencia el Gobierno de Canarias o al menos, me gustaría matizar, alguna de las consejerías del Gobierno de Canarias. Pero, fíjense, todo esto parece responder a la normalidad política y sobre todo en este Parlamento, y el Partido Popular siempre creyó en la transparencia y esa es la razón por la cual aprobó y apoyó la Ley canaria de Transparencia, y esa es la razón por la que aprobó y apoyó la primera ley nacional de transparencia en las Cortes Generales. En cambio, parece que lo que hace el Gobierno de Canarias, o algunas -y vuelvo a repetir- de las consejerías del Gobierno de Canarias, no es más que una forma de entender la transparencia, no es más que una forma de ver las cosas; pero el Partido Popular no está de acuerdo con esa forma de actuar.

Señorías, la transparencia representa una nueva forma de gobernar, con obligaciones tasadas que son exigibles para todos sin excepción y sin distinción; pero parece que eso no se aplica o no se ha querido entender por parte del Gobierno de Canarias. La transparencia aporta salud e higiene a nuestro sistema democrático, pero la verdad es que la transparencia exige, fundamentalmente, una voluntad y una actitud nueva. Ese es, o debe ser, el desafío de la transparencia, pero algunos parece que todavía no quieren entenderlo.

Hemos de tener presente que la transparencia es, hoy en día, un valor tan esencial como necesario en lo que es un contexto político, económico y social. La transparencia está inherentemente unida al derecho de saber y del derecho que tienen todos los ciudadanos, que exigen de forma creciente estar suficiente informados y tener un mayor grado de participación en las decisiones que les afectan. La transparencia constituye, así, un pilar básico que es necesario desarrollar e impulsar desde todos los niveles de la sociedad como elemento fundamental para conseguir una equidad social y una eficiencia económica.

La Ley de Transparencia también viene a posibilitar el impulso de un gobierno abierto, que constituye un objetivo fundamental de una sociedad moderna y democrática y que creo que todos los que nos encontramos en esta Cámara deseamos para la sociedad canaria.

He de decir que desde mi grupo parlamentario sí tenemos fe en las virtualidades de esta ley para evitar preventivamente algunos de los sucesos que nos están alejando de la población y que están creando un cierto punto de deslegitimación de sus representantes políticos ante los ojos de la ciudadanía. Lo que sí queremos, de cara al futuro, es, por un lado, mucha, señor comisionado, mucha, mucha pedagogía con todos y cada uno de los obligados, en especial al formular las recomendaciones precisas del cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley relativas, por un lado, a lo que son el derecho de acceso y a la transparencia. No podemos ser testigos de incumplimientos que se despachan tan alegremente ante los medios de comunicación y que nos afean a los que pedimos todo tipo de información.

Y la verdad que me gustaría terminar diciendo que me encantaría saber…, a ver si ya las administraciones públicas, todas, todas aquellas que a usted no le han contestado, se empiecen a poner las pilas y empiecen a aplicar esta ley porque es una ley de aplicación.

En definitiva, quiero decir y quiero terminar diciendo que podemos decir que estamos en el camino pero que todavía queda mucho por recorrer. Y por eso quiero terminar mi intervención con una cita de Roosevelt, donde decía que «una gran democracia debe progresar o pronto dejará de ser o grande o democracia».

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Reverón.

Turno ahora para el Grupo Socialista. Señora Rodríguez.

La señora RODRÍGUEZ HERRERA: Gracias, presidenta. Señorías.

Quizás es por la hora o el cansancio, pero yo creo que no voy a ser tan pesimista en cuanto a la situación.

Desde luego, en primer lugar agradecer al señor comisionado, el señor Cerdán, el informe, el trabajo que ha realizado desde el Comisionado. Ya lo vimos las semanas anteriores en la comisión y hoy tenemos la posibilidad de comentarlo, debatirlo nuevamente aquí. Desde luego que es el segundo informe que se presenta, ya el año pasado se trajo esta información y hay una diferencia del año pasado a este.

Examinando por partes en cuanto al trabajo del propio comisionado, desde luego, destacar o solidarizarnos con esa falta de medios de los que hablaba, medios humanos y medios materiales, la falta de presupuestos con la que trabaja el comisionado, con ese equipo tan reducido, pero esa cuestión también es la misma o el mismo problema con el que se encuentra toda la Administración. Quizás esa falta de conciencia de asumir la ley realmente y de aplicarla hace que no se cuente con un presupuesto específico para aplicar la transparencia con un personal específico, con una unidad de trasparencia. Quizás haga falta dotar y tener un mejor presupuesto y unas mejores unidades tanto de medios humanos como materiales, no solo por el propio Comisionado, sino por todas las administraciones.

Desde luego, es un acierto lo que planteaba en la comisión, y que ya también se ha comentado aquí, de la posibilidad de tener más presencia en las islas periféricas. No estando allí físicamente, porque generará probablemente un mayor gasto, sino buscar una forma o un método, las nuevas tecnologías probablemente serán suficientes como para que el comisionado recoja esas quejas y esas inquietudes, la preocupación o la exigencia de transparencia en las islas periféricas, como decía, donde también hace falta o se hace necesario.

La falta de la puesta en marcha de la sede electrónica del propio Comisionado también es una asignatura pendiente; eso permitiría agilizar los plazos de respuesta del propio comisionado. Y en cuanto a las propias administraciones que se examinan aquí, tanto el Gobierno de Canarias como los ayuntamientos como las universidades, desde luego que este informe debe tomarse como una evaluación para cada una de las administraciones. A las que cumplen o las que intentan cumplir, las que intentan aplicar la ley, pues servirá para motivarlas y animarlas a seguir cumpliéndola y seguir mejorando. Y las que no lo hacen, porque hay muchas que no lo hacen directamente y no dan respuesta, no responden a las solicitudes del Comisionado, pues, deberán empezar a trabajar y a cumplir con esta ley. Y aquí lo enlazamos ya con uno de los puntos débiles de esta ley y del comisionado, de todo este trabajo, que tiene que ver con la falta o la deficiencia del régimen sancionador, que hace fácil incumplir con la ley. Quizás habrá que revisarlo, aprobar un reglamento y, de alguna forma, ser bastante más exigentes para que cueste un poco más o sea un poco más caro a la Administración y no solo el reproche del comisionado o el reproche ciudadano.

Hay un dato importante en el informe que habría que tener en cuenta y que deja ver que no se han examinado los organismos autónomos dependientes del Gobierno. Por tanto, esa buena nota que, por ahora, se le atribuye al Gobierno de Canarias ya el comisionado advierte de que el año que viene puede verse rebajada, dado que los organismos autónomos ya en una primera prueba que se les ha hecho no superan el aprobado. Por tanto, entiendo que esos organismos autónomos habrán leído, conocen este informe y estarán trabajando para que el año que viene el resultado del informe no baje la nota de Canarias.

Como decía, se necesita ese desarrollo reglamentario y, además, analizar a otros sujetos obligados en el artículo 3 de la propia Ley de Transparencia: sindicatos, partidos políticos, todas las organizaciones que reciben subvenciones y fondos públicos.

Otro dato llamativo es la creación del propio portal, del Gobierno, de transparencia, que no ha tenido la suficiente divulgación y, por tanto, el Gobierno deberá ocuparse de dar esa divulgación para que los ciudadanos lo conozcan e intentar consultarlo.

Desde luego, en el Partido Socialista creemos en un Gobierno transparente, abierto y fiable para la ciudadanía, y la transparencia es clave para que los ciudadanos tengan confianza y participen de la Administración y se impliquen en las acciones de gobierno. Si no, mantendremos esa lejanía y ese rechazo de la ciudadanía muchísimas veces a las acciones de gobierno, en cualquier ámbito, regional, insular o local. Es la única manera de ofrecer servicios públicos eficaces y eficientes, que los ciudadanos se sientan partícipes y respetados en sus actuaciones.

El Partido Socialista trabaja ha trabajado en ese camino. La Ley de Transparencia en Canarias se aprueba en 2014, bajo una consejería o una dirección de un consejero socialista. Se queda también pendiente de aprobación o se…, en 2016, se aprueba la estrategia marco canaria de gobierno abierto y se queda sobre la mesa también la ley de altos cargos públicos, que entendemos que el Gobierno está trabajando y que seguro, con toda seguridad, entrará en vigor pronto, en estos próximos meses, según nos ha informado el consejero en algunas intervenciones o preguntas que le hemos realizado.

Pero muchas veces una buena gestión no tiene acogida por los ciudadanos si no se cuenta bien, si no se traslada bien, si no se da la información y si no se accede a la documentación y a la información que solicitan los ciudadanos. Hemos tenido ejemplos, ya lo hemos visto estos días, las microalgas, los vertidos, las listas de espera. El consejero socialista publicaba las listas de espera de sanidad; en este caso, no es así y, desde luego, se genera cierta incertidumbre e inseguridad por los usuarios, por los ciudadanos, por los pacientes. Igual sucede con los datos de dependencia: habría que establecer unos criterios únicos a la hora de determinar cuáles son los datos correctos en un caso o en otro y no entrar en discusiones de si es verdad lo que se publica o no.

Por tanto, señor comisionado, mostrarle nuestro apoyo a seguir trabajando para que el año que viene el informe nos dé una buena noticia y se haya avanzado en democracia, en participación y en transparencia.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Rodríguez.

Turno ahora para el Grupo Nacionalista. Señora Beato.

La señora BEATO CASTELLANO: Gracias, señora presidenta. Señorías, señor comisionado, buenas tardes.

Le felicitamos porque, con pocos medios humanos y poco presupuesto, nos presenta hoy un buen informe, un excelente informe, que mejora el del año pasado y que nos sirve de foto para contemplar cuál es la realidad, para extraer conclusiones sobre los aspectos a mejorar en un proceso que es de mejora continua.

Lo decía la señora Mendoza, las administraciones más pequeñas tienen más dificultades y demuestran menor transparencia en internet. Afortunadamente, los ciudadanos tienen la posibilidad de acceder con mayor facilidad al alcalde, a los concejales y a los funcionarios, y con esto, lejos de verlo como un freno, queremos ser flexibles porque, según nuestra Ley de Transparencia, los medios de acceso a la información no se limitan a un portal de internet. Un sistema de información multicanal es garantía de transparencia y de igualdad de todos los ciudadanos al acceso a la información, porque no todo el mundo tiene o se maneja en internet, pero sí llaman al 012 o acuden a una oficina de información. Los portales son un instrumento más, sin embargo, los análisis se hacen atendiendo exclusivamente a la web y sería positivo que en el futuro pudieran tenerse en cuenta y valorarse los esfuerzos de transparencia que hacen las administraciones a través de otros medios.

Volvemos a constatar que las solicitudes de acceso a la información siguen siendo escasas, no hay presión ciudadana, por eso las administraciones se centran en la prestación de los servicios públicos, en resolver una ayuda social, las subvenciones, abonar las facturas y dejan atrás estas obligaciones.

Nos hablaba esta mañana la señora Acuña de las dificultades que afrontan los municipios con escasos medios y con poco presupuesto para cumplir con sus competencias y, sinceramente, escuchándola se me hace difícil pensar en sancionarlos por no cumplir la Ley de Transparencia o por cumplirla deficientemente.

Este año el informe incorpora como novedad del índice de transparencia de Canarias, que puede servir como herramienta de medición para otras comunidades autónomas. La cooperación entre el Gobierno y el Comisionado es esencial para elevar la nota media de ese índice. Este informe ha de servir para mejorar y perfeccionar la estrategia marco de gobierno abierto que el Gobierno ha aprobado recientemente.

Según el informe, 20 de las 96 principales instituciones obtuvieron más de 5 puntos sobre 10 en el índice. El resto influyeron en la nota a la baja, y nos preguntamos si esto atañe solo a Canarias o, una cuestión, cómo estamos posicionados respecto al Estado o al resto de comunidades autónomas. Y, señorías, el lento incremento del cumplimiento de las obligaciones de transparencia no es exclusivo de Canarias, es algo generalizado en todas las administraciones de España, y así lo ponen de manifiesto los datos del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estatal.

Ha habido avances, como pone de manifiesto el informe cuando afirma que «el indicador de transparencia de la Comunidad Autónoma de Canarias se sitúa en un nivel, dice usted, más que aceptable -7,69 -«. Pero hay que adoptar medidas para seguir avanzando, por ejemplo, automatizar la carga de información para vincular al portal de transparencia los magníficos sistemas de información que sí tenemos y con los que cuenta la comunidad autónoma. Se me ocurre el Sistema de Información Territorial, uno de los más completos que se conoce; la web Canarias Saludable, con información puntual sobre la sanidad y el medioambiente; el portal del Servicio Canario de la Salud sobre las listas de espera, el perfil del contratante para contratos, y quizás esto se pueda solucionar pudiendo integrar los datos con una solución técnica que permita replicarlos en el portal de transparencia.

Estamos seguros de que todas las administraciones trabajan en la medida de sus posibilidades. Estamos de acuerdo con usted en que uno de los objetivos de una buena política, de un buen gobierno, de una buena gestión debe partir del análisis y del diagnóstico previo para trazar un plan viable, ejecutar las acciones planificadas y su posterior evaluación.

La evaluación de las políticas públicas es el mejor referente para mejorar y corregir el rumbo, lo que permite la rendición de cuentas a la ciudadanía. Porque nos permite, además, un juicio de valor sobre el éxito y el impacto de las políticas, saber si estamos en el camino correcto. Esto es un cambio de cultura difícil de asimilar en este mundo de la inmediatez, de la apariencia, del espectáculo, de los 140 caracteres y cuando la memoria solo nos dura diez minutos, nada más que diez minutos. Pero nosotros estamos comprometidos con la transparencia y, por tanto, con que los servidores públicos seamos examinados y valorados por lo que realmente hacemos.

Le animamos desde el Grupo Nacionalista a seguir trabajando y cuente con nuestro apoyo para mejorar el índice de transparencia de Canarias, para mejorar la implantación de la ley en las islas y para caminar en ese objetivo de la evaluación de la gestión, de la planificación y del análisis de las políticas.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Beato.

Turno ahora, para cerrar, el señor comisionado por tiempo de diez minutos.

El señor COMISIONADO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (Cerdán Elcid): Muy bien, buenas tardes.

Vamos a ver si soy capaz de concentrar todas las amplias sugerencias y valoraciones que se han realizado en estos últimos minutos sobre el informe, del que inicialmente agradezco las valoraciones genéricas que he recibido, porque me consta, no solamente por ahora sino por las manifestaciones que se hicieron en comisión y por el conocimiento que demostraron ustedes del mismo, que lo conocen. Realmente, ha sido un informe trabajado, hecho dentro de la casa, sin externalizaciones y con el ánimo, digamos, de ir abriendo caminos e ir sobre todo aprendiendo, porque, como he dicho muchas veces, nosotros también, si las administraciones son noveles en materia de transparencia, nosotros también, nosotros estamos aprendiendo, pues, como a la bicicleta a la vez que caminando, ¿no?

Yo voy a tratar de agrupar todos los comentarios que se han hecho, algunos compartidos. Hay algunas cuestiones que ha tocado todo el mundo, pero me gustaría empezar por una reflexión que se ha planteado aquí por varios de los portavoces, que es que ¿existe transparencia en Canarias o en la comunidad autónoma? Es decir, ¿cómo respondemos a esa pregunta? El índice que nosotros, de alguna manera, matemático, hemos alcanzado respecto al cumplimiento de lo que en el portal de transparencia, de las obligaciones que establece la ley, ¿es un índice suficiente para respondernos a esa pregunta? Yo creo que solamente la podremos responder cuando, en el conjunto al menos del Estado español, y si pudiera ser en Europa, mejor, tuviéramos un sistema de comparativo para medir a los gobiernos autónomos con gobiernos autónomos, capitales de más de 200 000 habitantes con las capitales… Porque ocurre como con la velocidad, que en las carreras, digamos, no solamente gana el que llega primero o el mejor, sino que, realmente, hablamos de la gente más rápida y más lenta siempre en comparación con los primeros de la carrera y con los que acaban la carrera. Por lo tanto, la transparencia, como la velocidad, es algo evolutivo, es algo que solamente se puede medir bien cuando se puede medir por comparación con semejantes. Por lo tanto, yo no estoy seguro; por eso cuando en el informe anunciamos que el año que viene de repente baja, yo no estoy seguro de que, si aun bajando la puntuación, el año que viene bajará la transparencia, porque seguramente los parámetros van evolucionando a medida que el resto de las administración se mueven generalmente siempre hacia arriba.

(La señora presidenta abandona su lugar en la Mesa. Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente primero, De la Hoz Fernández).

Respecto a cómo mejorar este marco, ya en esta Cámara ustedes lo han conocido en este mismo pleno, están en marcha tanto la Estrategia Marco de Gobierno Abierto de la comunidad autónoma como esa ley que les comentaba antes sobre regulación de cargos públicos. Creo que son dos instrumentos que están en marcha y sobre los que esta propia Cámara, como decía, puede trabajar en el futuro para mejorar el marco, y hacerlo en las líneas que ustedes mismos han señalado. Por una parte, para mí el más urgente y más importante desarrollo de la Estrategia de Gobierno Abierto podía ser el desarrollo del reglamento, porque es cierto que la ley señala cuantitativamente muchas obligaciones, pero el reglamento, como ha señalado algún portavoz, nos va a determinar cómo cualitativamente se cumplen esas obligaciones. La ley dice cúmplanse para el Gobierno de Canarias 290 obligaciones y el Reglamento diría cómo tienen que cumplirse, algo que en este momento falta y que, por lo tanto, tiene de alguna manera sin criterio de actuación a muchos funcionarios responsables de las URIP, no solamente en las diferentes consejerías sino en las 81 entidades vinculadas al Gobierno o en las 60 entidades vinculadas de los cabildos o en los más de 200 de los ayuntamientos. Por lo tanto, ese reglamento va a iluminar, valga la redundancia, el cumplimiento de la ley, que en este momento se está haciendo, como decíamos en comisión, a veces a paladas de PDF porque no hay ninguna obligación de que los contenidos sean actualizables en determinado momento, que si los contenidos sean en determinado formato y, por lo tanto, el reglamento… Que ya contamos con algún precedente la primera comunidad ha sido la valenciana recientemente, no ha habido muchas que lo han desarrollado, pues es algo que va a mejorar no solamente la Ley de Transparencia, sino esa estrategia de gobierno abierto que el Gobierno ha explicitado aquí que quiere mejorar.

En cuanto a la nueva ley de cargos públicos, creo que en el debate político en este país está en este momento, fundamentalmente, la regulación de los lobbies, que afecta a las leyes de transparencia, indudablemente, porque ayudan a entender cómo los poderes públicos toman sus decisiones y otros aspectos de la buena gobernanza. Creo que, también, me imagino que en los próximos meses va a tener entrada ese proyecto de ley en el Parlamento y tienen oportunidad de seguir trabajando en esa materia.

En cuanto al acceso a las islas del comisionado, que se ha tocado en varias intervenciones, nosotros hemos manifestado nuestro propósito de, en los próximos meses -y empezaremos por El Hierro, precisamente, el día 10 de octubre-, visitarlas más, hacer más pedagogía, como se nos ha dicho. Pero también les digo -lo comenté en la comisión- que somos perfectamente accesibles teniendo una sede electrónica, muy pocas administraciones de nuestro tamaño y de nuestra juventud pueden decir que tienen sede electrónica ya, y teniendo una respuesta en hora siempre a través, fundamentalmente, de las redes sociales a cualquier consulta, pregunta o planteamiento que se nos hace.

Creemos también importante -y en eso creo que la propia comunidad autónoma tiene amplio margen de mejora- la integración de los sistemas de información que tiene. Es decir, tenemos en algunos casos como el de Grafcan o de información geográfica o de información económico-financiera, o el Unifica. Plataformas absolutamente desconocidas que casi podríamos decir que son un pequeño derroche en la medida que cuestan mucho, dan mucho servicio, pero son poco conocidas, que, de alguna forma, vinculándolas mejor a la propia Ley de Transparencia, publicitándolas más, habría no solamente una sensación de estar mejor informados, sino una evidente mejor información en el conjunto del tejido social canario, en algunos casos, con elementos que solamente aparecen en los medios, como el trueno, cuando truena, y que, sin embargo, están ahí permanentemente, a veces están tan recónditamente ocultos, fundamentalmente, porque no las hemos puesto de alguna manera más visibles o más accesibles a los ciudadanos.

Otra de las cuestiones que se ha comentado y sobre la que también me gustaría reflexionar es el famoso tema del 1 % de ciudadanos canarios que visitan el portal de transparencia. Después de haberlo comentado en la comisión hace unos días, me tomé la molestia de ir a comprobar, como les decía antes, comparativamente qué información podemos encontrar en otras comunidades. Sí lo hay en las del portal estatal de transparencia y se da la curiosidad de que es un porcentaje muy parecido, prácticamente semejante, al canario. ¿Por qué? Porque en Canarias han visitado el portal de transparencia 20 000, es decir, un 1 %, en términos redondos, de los 2 millones de canarios y el portal de transparencia estatal del año pasado lo visitaron 444 000, es decir, casi -un poquito menos- casi el 1 % de los 46 millones de habitantes.

¿Esto qué quiere decir? Fundamentalmente, que, por una parte, la élite, preocupada por la transparencia…, porque lo decía el otro día en comisión, es una élite, cuando es un 1 %, realmente son ciudadanos o muy sensibilizados políticamente o son periodistas o son políticos o son ustedes mismos o son funcionarios. Esa élite, diríamos, seguramente crecerá en el futuro, pero no creamos que va a crecer mucho más allá del 5 o del 10 %, porque son muchos los portales más atractivos que cualquier portal de transparencia.

Lo importante en este caso, como he indicado en alguna ocasión, es que en los portales de transparencia la información exista, porque la virtualidad de los portales no es tanto, a veces, que la vea una élite sino que la virtualidad es que toda la Administración -políticos y también funcionarios-, todas las administraciones sepan que van a ser o que pueden ser vigilados por los datos allí expuestos, el efecto panóptico. Es decir, oiga, la gente se comporta mejor cuando sabe que puede ser vista y por lo tanto aportar mucha información a los portales, aunque solamente lo vea el 1 %. Esa élite es importante porque, cuando detecten algo relevante, lo van a proyectar, vía prensa, vía otros medios de divulgación, lo van a proyectar hacia el conjunto del 100 % de la población.

Por lo tanto, estemos más preocupados por alimentar bien los portales que por el que sea el 1, el 2 o el 3 %, que, en cualquier caso, no es un porcentaje inferior al del portal de transparencia del Estado.

Respecto a mejoras también que se han planteado, que han surgido ahora o en la comisión. Se habló en la comisión algo también del derecho al acceso de los 60 ciudadanos canarios que se sientan en esta Cámara, que también es un derecho de acceso a la información. Comentamos la posibilidad de constituir un grupo de trabajo que facilite de la misma manera que hemos facilitado el acceso a la información a consejeros de cabildos o concejales, que permita de alguna forma establecer mecanismos más fáciles y, por otra parte, más razonables; porque ustedes mismos, en la última comisión donde se trató este tema, alguno de los portavoces señaló que había preguntas a veces irrisorias o, si vamos a ser serios y a hacer también autocrítica, como he intentado hacer al principio, que había preguntas que se realizaban desde esta Cámara sin saber si la comunidad autónoma es competente, a veces preguntas sobre temas que tienen que ver con cabildos o con ayuntamientos o con el Estado, y, por lo tanto, para que los funcionarios de la comunidad autónoma de alguna manera apliquen con diligencia su trabajo, lo lógico…

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Dos minutos más, señor comisionado.

El señor COMISIONADO DE LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (Cerdán Elcid): Lo lógico es que les lleguen -y perdonen este pequeño inciso- preguntas que tengan que ver con las competencias de esta comunidad o que las deriven directamente ustedes a los cabildos en el caso de que quieran información de otra administración.

Concluyo. Agradezco ya de antemano el impulso que en los meses siguientes puedan ustedes realizar desde esta Cámara a través de las leyes en marcha o a través de la discusión de la Estrategia de Gobierno Abierto, y, como siempre, quedo a su disposición para comparecer las veces que sea necesario en la Comisión de Gobernación, que, como les dije, entiendo que es el consejo de transparencia de esta comunidad, en la medida que es una comunidad con Comisionado, sin un consejo específico, es una comunidad con un modelo tan singular que permite eso, permite que la Comisión de Gobernación de este Parlamento sea de facto el consejo de transparencia de esta comunidad.

Muchas gracias.

(Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Muchas gracias, señor comisionado.

La entrada Presentación en el Pleno del Parlamento de Canarias del Informe de Transparencia de 2016 se publicó primero en Comisionado de Transparencia de Canarias.

En el desarrollo de la sesión, presidida por Luz Reverón, intervinieron los portavoces de Nueva Canarias-NC (María Esther González); Podemos (María Concepción Monzón); Partido Popular-PP (Luz Reverón); Partido Socialista-PSOE (Ventura del Carmen Rodríguez) y Coalición Canaria-CC (Socorro Beato).

El desarrollo de la comparecencia se refleja al completo en este vídeo.

La entrada El Comisionado de Transparencia presenta el Informe Anual de 2016 en la Comisión de Gobernación del Parlamento de Canarias se publicó primero en Comisionado de Transparencia de Canarias.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ni respondió al ciudadano ni tampoco lo hizo a la solicitud de expediente de acceso a la información que requerida por el Comisionado, tal como establece la misma ley.

La resolución estima la reclamación formulada y determina que se ha entregar al ciudadano la información de gastos del municipio más poblado de Canarias en medios de comunicación desde que empezó el actual mandato, desglosado por cabeceras o marcas, motivo de gasto y plan de medios en los supuestos de campañas institucionales. Se le indica que viene obligado asimismo a publicarlos en el portal de transparencia.

Se recuerda al ayuntamiento que el incumplimiento de la obligación de resolver las solicitudes de acceso a la información pública, así como la negativa reiterada a facilitar la información solicitada por el comisionado de Transparencia o la falta de colaboración requerida para el desarrollo de sus funciones constituye infracción prevista en el artículo 68 de Ley de Transparencia de Canarias. Su contenido íntegro se encuentra en este enlace.

Motivaciones

El Comisionado de Transparencia  distingue en su resolución entre los distintos tipos de gastos que pueden abonarse a los medios de comunicación desde a las instituciones: 1) Gastos en adquisición de medios (compra de periódicos y revistas). 2) Publicidad oficial (inserciones publicitarias puntuales directamente contratadas por las administraciones en los medios, a veces obligatorias por disposiciones legales en materia de urbanismo, expropiaciones, etc). 3) Publicidad institucional (articulada a través de campañas con anuncios diferentes según soportes y generalmente diseñada y planificada en medios  por agencias de publicidad); 4) Compra de espacios en los medios, bien para patrocinio de programas o para la inserción directa de contenidos informativos retribuidos que no se presentan al ciudadano como publicidad (que antiguamente se identificaban con la advertencia “remitido”). 5) Abono de patrocinios o ayudas a los medios para organización de eventos, distribución de productos o servicios patrocinados, modernización tecnológica o cualquier otro tipo de contribución.

En la medida en que todo este conjunto de sistemas de relación comercial entre medios de comunicación e instituciones definen las relaciones entre ambos, ha de entenderse que la solicitud abarca a todos tipo de pagos que se produzcan en cada ejercicio.

Y ya en la exposición de motivos de la estatal Ley 29/2015 de Comunicación y Publicidad Institucional, aprobada ocho años antes de la  Ley 9/2013 de Transparencia estatal se expresaba con claridad uno de los objetivos de dicha norma así: “Con el tercer objetivo se fortalece la transparencia de las campañas, mediante la habilitación de fórmulas que den a conocer todas las actividades de publicidad y de comunicación que prevea desarrollar la Administración General del Estado, incluidas las de las entidades que le están adscritas”. También en Ley canaria 2/2007, reguladora de las campañas institucionales se cita el principio de transparencia como uno de los elementos básicos al que debe estar sometida la publicidad institucional.

“Es decir, ya entonces -señala el Comisionado – se apuntaba la necesidad de claridad y transparencia, como principios de integridad que mejoran la práctica institucional y democrática. Y ya entonces se determinada como objetivo que existiera la máxima publicidad y transparencia sobre el  propio ejercicio de las campañas de publicidad  institucional. Es decir, se enlazaban claramente dos de las acepciones del término publicidad: principio de publicidad de los actos, decisiones y normas públicas, por una parte, con el ejercicio de la publicidad institucional, entendida como aquellas campañas para difundir información”.

Al regular en su artículo 24 la información económico-financiera, la Ley de Transparencia de Canarias incluye en su apartado B la transparencia en los  ingresos y gastos, indicando –como hacen algunas leyes autonómicas de transparencia – que será objeto de publicación la siguiente información: “Los gastos realizados en campañas de publicidad o comunicación institucional, los contratos celebrados incluyendo la información a que se refiere el artículo 28 de esta ley, así como los planes de medios correspondientes en el caso de las campañas publicitarias”. El artículo 28 se refiere a la información de los contratos, que incluye también a los contratos menores.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no solo viene obligado por la norma canaria a  entregar la información sobre publicidad institucional a aquel solicitante que la reclama sino que ha de publicarla en su portal de transparencia o página web, como determinan tanto el artículo citado de la Ley de Transparencia  como los artículos 23 y 34 de su propia Ordenanza Reguladora de la Transparencia, Acceso a la Información Pública y Reutilización del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, recogida en este enlace de la web municipal: https://www.laspalmasgc.es/export/sites/laspalmasgc/.galleries/documentos-pleno/Ordenanza-Reguladora-de-la-Transparencia-Acceso-a-la-Informacion-Publica-y-Reutilizacion.pdf, que Indica e incluye la Ordenanza Municipal, recogiendo las expresiones de la propia LTAIP: “Art. 34. h) Los gastos realizados en campañas de publicidad o comunicación institucional, los contratos celebrados, así como los planes de medios correspondientes en el caso de las campañas publicitarias”.

Se ha de concluir así que la obligación de información sobre los gastos en medios de comunicación viene determinada por una triple vía en el ordenamiento jurídico definido en las leyes de transparencia: la relativa a la regulación al derecho de acceso, la relativa a la definición  de la publicidad activa de contenidos en los portales de transparencia  o en las webs y la propia ordenanza de transparencia del Ayuntamiento de Las Palmas; por lo que el margen para cualquier tipo de duda sobre a existencia de esta obligación es nulo.

El hecho de que en varias normas autonómicas se haya otorgado tanto valor a este tipo de información como para incluirla incluso dentro de las obligaciones de publicidad activa es claramente indicativo de su interés público para el buen gobierno y, específicamente, para el correcto desarrollo del propio sistema de comunicación pública transparente de una comunidad política, base esencial e indispensable para el ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos de información y de participación democrática.

La publicidad institucional no solo incide directamente en las rendición de cuentas ante los ciudadanos y en su composición de lugar sobre la ejecución de las políticas públicas, señala el Comisionado. También tiene la capacidad -cuando no se sujeta a criterios imparciales de eficacia económica y de equidad en el reparto – de alterar la percepción ciudadana sobre la ejecución de los programas, planes y acciones públicas, primando o favoreciendo a aquellos que con más positiva intensidad valoran a los dirigentes de las instituciones. De forma que (y más en coyunturas económicas de alta retracción publicitaria) la inclusión o no de forma permanente en las campañas institucionales favorece o limita la propia supervivencia de los medios, sobre todo en momentos económicos críticos y de cambio hacia paradigmas digitales.

“A la vista de sus efectos en el sistema mediático, en los medios que canalizan la información a los ciudadanos, las distorsiones en el  uso de la publicidad institucional pueden afectar negativamente a los objetivos que dieron pie a mayores esfuerzos y obligaciones en la transparencia informativa de las instituciones”, concluye.

Posdata

El Consejo de Transparencia estatal ya ha resolvió igualmente en varias ocasiones en el mismo sentido al determinado ahora en Canarias, frente a negativas de los ministerios a entregar la información sobre los gastos de publicidad institucional en cada medio. Concretamente en las resoluciones (Resoluciones R/0515/2016 , R/0516/2016, R/0517/2016, R/0518/2016,  R/0519/2016, R/0520/2016, R/0521/2016, R/0522/2016, R/0556/2016 yR/0557/2016) y antes más en la primera reclamación de este tipo que se planteóla Consejo , la R/148/2015 , referida al Instituto de Crédito Oficial (ICO).

La entrada El Ayuntamiento de Las Palmas ha de dar cuenta de los gastos en publicidad institucional en cada medio se publicó primero en Comisionado de Transparencia de Canarias.

Su máximo responsable, José Miguel Barragán, y el comisionado de Transparencia de Canarias, Daniel Cerdán, mantuvieron esta semana una reunión de trabajo en el Parlamento de Canarias para analizar las vías de mejora del sistema canario de transparencia, articulado a través de los portales de transparencia y sistemas de respuesta a la información solicitada por la ciudadanía que mantienen el Ejecutivo canario, los 88 ayuntamientos, los siete cabildos, las dos universidades y sus 296 organismos dependientes en segundos niveles.

Apenas dos años después de que entraran en vigor las leyes de transparencia se consideró necesario mejorar los procedimientos y la colaboración entre instituciones para lograr el pleno cumplimiento de las obligaciones de información. Solo 20 de las 96 principales instituciones citadas (Gobierno, tres cabildos y 16 ayuntamientos) obtuvieron más de cinco puntos sobre diez en la evaluación realizada por el Comisionado de Transparencia y recogida en el Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias).

Las 76 instituciones restantes empujaron muy a la baja la nota de las principales administraciones, hasta el punto de que la nota media del conjunto apenas supera el 3. Los 296 organismos autónomos, empresas públicas y entidades dependientes de las instituciones no han sido medidos con la misma precisión este año, pero arrojan índices de cumplimiento incluso inferiores. Los principales datos del ITCanarias se recogen con más detalle en esta sección del Informe Anual.

Esta lenta progresión del cumplimiento de las obligaciones de transparencia, sobre todo entre las instituciones más pequeñas, no es exclusiva de Canarias, sino se manifiesta en todo el país, indicó el comisionado. Pero para rentabilizar los esfuerzos realizados en mejores resultados para la ciudadanía se precisan nuevas medidas de automatización para la carga de información a través de la administración electrónica, más claridad operativa dentro de las instituciones con las demandas de información de la ciudadanía, los desarrollos reglamentarios pendientes de la Ley de Transparencia de Canarias; y una mayor cooperación con los ayuntamientos más pequeños para la gestión de sus portales; y la puesta en valor de los potentes sistemas de información digital de la comunidad autónoma ahora desvinculados de los portales de transparencia.

En la reunión de trabajo participaron asimismo el director general de Transparencia del Gobierno de Canarias, Antonio Llorens; y Pedro Pacheco y José María Vázquez, los dos jefes de servicio del Comisionado de Transparencia, órgano garante vinculado del Parlamento de Canarias.

La entrada Gobierno de Canarias y Comisionado de Transparencia aúnan criterios para la mejora de los procesos de transparencia en las Islas se publicó primero en Comisionado de Transparencia de Canarias.

A través de la sede electrónica los ciudadanos podrán presentar reclamaciones mediante un certificado digital o clave como forma alternativa a la presentación en papel de los documentos; y tendrán permanente acceso al estado su expediente.

Esta nueva plataforma facilita mejor la presentación de reclamaciones por denegación total o parcial de la información pública que hayan solicitado a las instituciones, el servicio más demandado al Comisionado. El más joven órgano de la administración canaria nació en 2015 como “administración de papel” y ha hecho su transformación digital en 16 meses.

La plataforma de administración electrónica, que incluye sede electrónica,  registro electrónico y el gestor de expedientes, mejorará además la interoperabilidad con todas las instituciones canarias y ahorrará notablemento costes de operación.

A partir de ahora, los interesados podrán consultar desde la dirección web https://sede.transparenciacanarias.org/  el estado de tramitación de su solicitud; obtener los modelos o sistemas para iniciar los procedimientos administrativos; y acceder a un buzón de sugerencias (para el que no hará falta acreditación) y quejas entre otras posibilidades. Para facilitar la relación del usuario con la sede electrónica, existe un contacto de asesoramiento. Es complementaria a la web www.transparenciacanarias.org .

“Sin administración electrónica las instituciones no solo ejercen peor la transparencia, sino a costos más altos, menos eficientes, y con menos trazabilidad y seguridad”, señala el comisionado de Transparencia de Canarias, Daniel Cerdán.

A diferencia de una página web al uso, las sedes electrónicas de las administraciones crean un entorno seguro para el usuario. Después de presentar cualquier documento, se genera automáticamente un recibo con la fecha, hora y número de registro de entrada.

Desde la aprobación de la Ley canaria de Transparencia, cualquier persona (sin tener que acreditar su condición de interesado o explicar porqué lo hace si no lo desea) puede solicitar a las administraciones (y a sus organismos autónomos, instituciones, sociedades y fundaciones dependientes del sector público canario) cualquier información pública que sea de su interés.

Si la respuesta no es satisfactoria, es posible presentar ante el Comisionado de Transparencia de Canarias una reclamación mediante tres vías: La presencial, en cualquier registro oficial público o a través de Correos. La segunda, la nueva la sede electrónica, que le confiere todas las garantías sobre su presentación, le facilita hacerlo desde casa o desde su móvil y le permite una consulta permanente sobre el trámite del expediente. Y en último lugar, temporalmente, se podrán seguir presentando como hasta ahora reclamaciones a través del correo electrónico ( comisionadotransparencia@transparenciacanarias.org y/o comisionadotransparencia@parcan.es )

El presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias, Rafael Díaz, y el Comisionado de Transparencia de Canarias, Daniel Cerdán, sellaron su acuerdo para compartir y reutilizar la plataforma de administración electrónica. Ambos formaron parte de los equipos de trabajo del Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias, liderados por Adán Martín, siempre empeñado en obtener sinergias y ahorros a través de la cooperación de todas las instituciones canarias. Ahora vuelven a seguir su pauta y su método.

La entrada El Comisionado de Transparencia de Canarias activa su sede electrónica se publicó primero en Comisionado de Transparencia de Canarias.