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El Tribunal Superior de Canarias confirma la resolución que obliga al Cabildo de Lanzarote a informar sobre el contrato con el Canal Isabel II

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  • Tercer pronunciamiento favorable del TSJC en los recursos interpuestos contra decisiones del Comisionado de Transparencia

El Cabildo de Lanzarote y el Consorcio Insular de Aguas de Lanzarote tendrán que facilitar la información solicitada por la Asociación Insular de Empresarios de Hoteles y Apartamentos de Lanzarote (ASOLAN) acerca del procedimiento de contratación, negociado con publicidad, para la adjudicación del servicio de gestión de abastecimiento de agua, saneamiento y reutilización en las Islas de Lanzarote y La Graciosa.

Una reciente sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha confirmado la decisión del Comisionado de Transparencia de Canarias, de mayo de 2017 (https://transparenciacanarias.org/r91-2016/), frente al recurso interpuesto contra la misma por el Cabildo de Lanzarote y el Consorcio Insular de Aguas de la misma isla; que se han negado hasta ahora a facilitar cierta información del procedimiento de contratación, negociado con publicidad por valor de 120.000.000 de euros, por el que se le adjudicó al Canal de Isabel II Gestión, S.A. el servicio de gestión de abastecimiento de agua, saneamiento y reutilización en las Islas de Lanzarote y La Graciosa. La información solicitada consistía en las actas de la negociación del procedimiento, la oferta de la adjudicataria y otra información de recursos humanos. Dicha información, había sido solicitada por ASOLAN.

“En las tres sentencias emitidas hasta ahora por el TSJC se ha validado así la correcta aplicación de la Ley de Transparencia, frente a los que pretenden ampararse a menudo en límites como la protección de datos personales, la propiedad intelectual o los en otros caso legítimos intereses empresariales y comerciales para evitar que los ciudadanos conozcan a fondo el contenido de los expedientes; y, en este caso,  uno de los contratos más importantes firmados en Lanzarote en muchos años”, ha indicado Daniel Cerdán, comisionado de Transparencia de Canarias, órgano del Parlamento de Canarias.

Ante la negativa del Consorcio Insular de Aguas a facilitarlos, ASOLAN interpuso una reclamación ante el Comisionado de Transparencia, que es el órgano que la Ley Canaria de Transparencia ha previsto para resolver de forma rápida y gratuita las reclamaciones de los ciudadanos cuando se les niega información pública. El Comisionado de Transparencia dictó una resolución que ordenaba que se pusiera a disposición de ASOLAN  la información solicitada puesto que, como se razona en la misma, “el único límite que puede invocarse en el acceso es el correspondiente a la garantía de confidencialidad en los procesos de toma de decisión, no obstante, los límites al derecho de acceso no se pueden invocar de manera genérica, sino que se deben motivar suficientemente si el acceso a la información puede generar un perjuicio efectivo para el derecho o interés en cuestión, si este se valora como posible se debe ponderar este perjuicio con la concurrencia de un posible interés público o privado superior que justifique la concesión del acceso, para finalmente en virtud del principio de proporcionalidad, dar al menos acceso parcial a aquella parte de la información no afectada por el límite de que se trate”“…..la LTAIP [Ley de Transparencia de Canarias] como ley posterior, permite ponderar si procede otorgar o denegar acceso por este motivo. En todo caso, las declaraciones de confidencialidad que puedan hacer los contratistas solo vincular a la administración a respetarlas en la medida en que el contenido de la información protegida por estas declaraciones tenga la calidad que justifique la declaración”.

Ahora, en la sentencia dictada en el presente mes de diciembre  por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, se desestima el recurso interpuesto por el Cabildo y el Consorcio Insular de Aguas de Lanzarote y se confirma el acto dictado por el Comisionado. La sentencia representa todo un reconocimiento de que el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos también alcanza a los procedimientos de contratación y sus documentos, aun se trate de procedimientos negociados, y a pesar de la existencia límites de dicho acceso respecto a los cuales la sentencia señala “Por otra parte, en relación a las limitaciones aludidas por el Consejo Insular y Cabildo en relación a los límites contemplados al derecho a la información tanto en la legislación estatal como en la autonómica, no basta una genérica referencia tal como hace dicha administración, sino que habrá de ser debidamente motivada poniéndolo en relación con la oferta presentada y actas de negociación a cuyo acceso se negó.”

Para luego más adelante en su fallo resolver: “En atención a lo expuesto, la Sala ha decidido desestimar íntegramente el recurso interpuesto contra la resolución de fecha 15 de mayo del 2017 dictada por el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias, resolución que se confirma por ser plenamente ajustada a Derecho, sin que haya lugar a ninguno de los pedimentos contenidos en el recurso. Con expresa imposición de las costas causadas a los recurrentes.”

En el proceso judicial,  el Comisionado de Transparencia de Canarias actuó representado  por el letrado Juan Carlos García Melián. De los cinco recursos planteados ante el TSJC por administraciones canarias frente a las resoluciones de este órgano garante reconociendo el derecho de los ciudadanos a recibir información, los tres resueltos hasta ahora no solo  han confirmado plenamente las decisiones de entrega de los documentos sino que han atribuido las costas a las entidades públicas que se negaban a hacerlo y recurrieron; por lo que no se ha producido ningún coste para el Parlamento de Canarias.

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Javier Amorós: “La transparencia es una herramienta disuasoria muy eficaz contra la corrupción”

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  • El presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno interviene en las I Jornadas Canarias de Transparencia Digital y Derecho de Acceso

Tercera sesión de las I Jornadas de Transparencia Digital y Derecho de Acceso | José Luis Rodríguez / ACAN

El presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Javier Amorós, calificó este jueves la transparencia como una herramienta disuasoria “muy eficaz contra la corrupción pública”, durante su intervención en las I Jornadas Canarias de Transparencia Digital y Derecho de Acceso, celebradas en el Parlamento de Canarias con la organización del Comisionado de Transparencia.

Amorós Dorta abrió la sesión de clausura con la ponencia Balance de la Ley de Transparencia y perspectivas de futuro. Durante su exposición, hizo un resumen del primer quinquenio de esta norma durante el que se han realizado “21.000 solicitudes de acceso a información y cinco millones de accesos al portal de publicidad activa, aunque no es cierto –matizó— que la transparencia en España empezara en esa época, ya que existían normas sectoriales”.

“En ese balance quisiera destacar la fortaleza de la implantación de la Transparencia en España y, en ese sentido, hay motivos para ser optimistas porque en estos cinco años se ha conseguido que la transparencia se haya hecho presente en todas las administraciones y se trata de un aspecto que incide directamente en la actividad y en la cultura administrativa”, afirmó Amorós.

El presidente del Consejo de Transparencia de Aragón, Jesús Colás Tena, habló de La Transparencia en la contratación pública, afirmando que la transparencia en la contratación pública resulta “fundamental y básica”, aunque tiene el inconveniente de que la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) es “muy extensa”, pese a que a realiza una apuesta por la transparencia incluso desde su preámbulo.

A su vez, Agustí Cerrillo Martínez, catedrático de Derecho Administrativo de la UOC y experto en Administración Electrónica, Transparencia e Integridad Pública, tomó la palabra para desvelar ¿Cómo abrir las cajas negras de las Administraciones Públicas? La garantía de la transparencia en el uso de los algoritmos. Así, explicó que en el sector público se tiende hacia un nuevo paradigma de gestión denominado gobernanza inteligente, basado en el uso intensivo y en el análisis de la información para la satisfacción del interés general”.

Frente al reto que representa el uso de la inteligencia artificial respecto de los mecanismos tradicionales de rendición de cuentas, Cerrillo expuso que las administraciones públicas deberían “documentar el uso de estos algoritmos, aprobar formalmente su uso y publicar esta información; dar a conocer el código fuente de los algoritmos; y ofrecer garantías de su funcionamiento adecuado, a través de mecanismos de control y declaraciones de conformidad de los algoritmos”.

Agustí Cerrillo volvió a hacer uso de la palabra para exponer los resultados del estudio de investigación titulado Configuración legal, actuación y funciones de las autoridades de transparencia, en la que el ponente, Isaac Martín Delgado y Emilio Guichot Reina ofrecieron diferentes propuestas de mejora en esta materia.

Le siguió en el turno de palabra Elisabet Samarra, presidenta de la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública de Cataluña, que habló sobre Casuística en reclamaciones: subvenciones a los grupos políticos municipales, fincas exentas de IBI y transparencia de estudios e informes.

Sobre las fincas exentas de IBI y el deber de reserva de acceso a la información, expuso que “entendemos que la información tributaria, por el mero hecho de tener ese carácter, no debe quedar fuera del alcanza de la Ley de Transparencia”. Y respecto de la transparencia de estudios e informes, adelantó que, a corto plazo, “no bastará con ofrecer la información contractual que se estaba dando hasta ahora, sino que ahora deberá incluirse el estudio y el informe en sí mismos”, dijo Samarra.

Juan Luis Beltrán Aguirre, presidente del Consejo de Transparencia de Navarra, habló sobre Sanidad y transparencia, en particular en la política del medicamento, recordando que una evaluación del Servicio Navarro de Salud realizada en julio de este año estableció que no era transparente, “con un cumplimiento medio del 49%”. No obstante, precisó que el estudio solo tuvo en cuenta criterios cuantitativos. “Si se hubieran estudiado también aspectos cualitativos, los resultados hubieran sido diferentes”, dijo.

José Nuño, secretario técnico de la Red de Entidades Locales por la Transparencia y la Participación Ciudadana de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), intervino con la ponencia Buenas prácticas más destacadas en la Red de Entidades Locales por la transparencia y la participación ciudadana y proyectos de futuro.

Antes precisó que la red, conformada por 242 entidades locales y 20 socios colaboradores, tiene entre sus objetivos promover las políticas de transparencia, participación y colaboración ciudadana y facilitar el ejercicio de los derechos de acceso a la información y de participación ciudadana en el ámbito local.

Nuño dio a conocer los resultados de un estudio entre sus miembros que puso de manifiesto que, en materia de publicidad activa, “se acortan las distancias entre los ayuntamientos en función de la población del municipio. En derecho de acceso a la información —continuó— sigue existiendo un déficit entre la ciudadanía, que desconoce la existencia de este derecho”. Y en materia de datos abiertos, recordó que “solo los grandes y medianos ayuntamientos conocen y aplican las recomendaciones”.

Balance de los comisionados

Los comisionados de distintas comunidades, o sus representantes presentes en la sesión de este jueves, subieron al escenario para dar su opinión sobre las perspectivas de futuro de las autoridades garantes de la transparencia.

Javier Amorós manifestó que “sería necesario que estuviéramos los recursos adecuados y necesarios para poder sancionar los incumplimientos de las resoluciones”. Y Enrique Gavira, subdirector del Consejero de Transparencia de Andalucía, dijo que “somos agentes de autoridad inmersos en un proceso lento, pero que lleva un paso firme”.

Por su parte, Elisabet Samarra, destacó “la dramática falta de medios que estamos sufriendo, lo que nos limita mucho nuestra capacidad de actuación”. En sentido contrario, Ana Isabel Beltrán, secretaria del Consejo de Transparencia de Aragón, explicó que “aunque no tenemos personal, entre dos personas resolvemos todas las reclamaciones y estamos orgullosos de nuestro trabajo porque lo hacemos de forma altruista”.

Mientras, Juan Luis Beltrán apostó por la profesionalización de los consejos para que ejerciten sus funciones y apoyó, además, que los consejos tengan “capacidad sancionadora”.

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Daniel Cerdán, comisionado de Transparencia: “La rendición de cuentas es un salto cualitativo en el camino de la transparencia”

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  • Un foro cierra la primera sesión de las I Jornadas Canarias de Transparencia Digital y Derecho de Acceso

  • Alejandro Rodríguez, viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia: “Las administraciones públicas son el mayor generador de datos que existe”

Las I Jornadas Canarias de Transparencia Digital y Derecho de Acceso, que acoge el Parlamento de Canarias, cerraron su primer día de trabajo con un foro en el que el comisionado de Transparencia de Canarias, Daniel Cerdán, recordó que la rendición de cuentas es “un salto cualitativo en el camino de la transparencia y una posibilidad para mejorar la gobernanza”

Abrió la sesión vespertina de este miércoles una exposición de varios representantes del Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias, organizador de la actividad, explicando datos del Informe Anual 2018 de esta institución.

María Teresa Casanova, jefa del Servicio de Reclamaciones y Asuntos Generales, abordó las reclamaciones efectuadas durante el pasado año a este organismo en función del tipo de información. A la cabeza se situaron las relacionadas con el patrimonio, con 97, seguidas de otras temáticas como contratos (66), ordenación del territorio (33) o empleo en el sector público (30).

Natalia del Castillo, periodista del Comisionado de Transparencia, explicó el número de reclamaciones efectuadas a la institución. Han pasado de 18 en 2015 a 355 en 2018, lo que supone una ratio por cien mil habitantes de 0,9 frente a 16,7. En este índice, Canarias está por encima de comunidades como Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Castilla La Mancha o la Comunidad Valenciana.

Mientras, José María Vázquez, jefe del Servicio de Evaluación y Control de la Transparencia y Acceso a la Información, explicó el peso por el tipo de entidades objetivo de este proceso. Así, la Comunidad Autónoma pasó de 7,69 en 2016 al 9,04 en 2018; los cabildos, del 3,85 al 7,39, los ayuntamientos del 3,03 al 5,16. Por último, las procedentes de universidades pasaron del 5,26 al 5,53 en 2018.

Por su parte, Clara Rodríguez, matemática adscrita a la institución, ofreció información relativa a la evaluación sobre los tipos de información obligatoria, es decir, la que se publica en la web correspondiente, en los que la comunidad autónoma y los cabildos ofrecen buenos muy niveles. Los ayuntamientos, por el contrario, tienen mucho margen de mejora.

Rodríguez también ofreció algunos indicadores sobre cómo se podría mejorar la puntuación en el apartado de las obligaciones, entre los que citó “revisar periódicamente la información y dejar constancia de ello en el portal de transparencia; publicar la fecha de los documentos y de la actualización de manera visible; publicar la no existencia de información; proporcionar la información en varios formatos, y cuando se publique información a través de otra plataforma, suministrar los parámetros para que los resultados se muestren directamente”.

Transparencia y estadística

Gonzalo Rodríguez López, director general del Instituto Canario de Estadística (Istac), intervino con la ponencia La estadística Publica al Servicio de la Transparencia, en la que ofreció diferentes reflexiones sobre el aporte de la institución que dirige en los requerimientos de la transparencia. Para ello habló sobre principios y valores de la estadística publica, afirmando que “las estadísticas oficiales constituyen un elemento indispensable en el sistema de información de una sociedad democrática que proporcionan al gobierno, a la economía y al público datos acerca de la situación económica, demográfica, social y ambiental”.

También hizo mención al Plan Estadístico de Canarias como instrumento de ordenación y planificación de la actividad estadística pública de la comunidad autónomas, en el que aparecen diferentes operaciones ligadas a la transparencia. Así, hizo referencia a la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, para señalar que, en relación al papel de la estadística oficial, “las labores de auditoria tendrían que estar a cargo de agentes externos que deben ser órganos independientes” con autoridad pública y competencia estadística.

Foro de transparencia

La sesión de tarde finalizó con el Foro Transparencia, Rendición de Cuentas y Objetivos de Desarrollo Sostenible en el que intervinieron Gustavo Matos, presidente del Parlamento de Canarias; Daniel Cerdán, comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias; y Alejandro Rodríguez, viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia del Gobierno de Canarias.

Matos manifestó su satisfacción por haber logrado hacer coincidir este apartado de las jornadas con el Foro Parlamentario, “una iniciativa en la que hemos procurado que, a partir de la puesta en común, este lugar sea un centro de ideas y de pensamiento”.

Por su parte, Rodríguez dijo que “uno nuestros principales objetivos es cumplir con una de las cuestiones más importantes que es la transparencia y la rendición de cuentas, columnas de todo gobierno abierto. En este sentido, —añadió— en el Gobierno de Canarias hemos arrancado con un proyecto ilusionante que enlaza con los objetivos de desarrollo sostenible basado en la Gobernanza inteligente, en los datos, así como en la transparencia y la evaluación”.

El viceconsejero señaló que cuando hablamos de datos “tenemos que tener en cuenta lo que va a suceder en los próximos años, ya que algunas de las mejores empresas del mundo actualmente solo se dedican a gestionar datos. Debemos tener en cuenta —continuó— que las administraciones públicas son el mayor generador de datos que existe y en torno al 90% de esos dados han sido generados en los últimos años”.

Daniel Cerdán, por su parte, señaló que la rendición de cuentas es “un salto cualitativo en en el camino de la transparencia y una posibilidad para mejorar la gobernanza y para dar pasos hacia el cambio cultural en este sentido”. 

Asimismo, recordó que “existen muchos datos, muy dispersos y que no se aprovechan” y que uno de los retos que tienen las administraciones es “cómo añadir a su gestión las obligaciones de la protección de datos”. En esa línea, sostuvo que “el protector de los datos y el encargado de gestionar la transparencia en las instituciones, a ser posible, deberían compartir la misma unidad orgánica en cualquier organización”.

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Las I Jornadas de Transparencia y Derecho de Acceso reconocen a las entidades con mejor puntuación en el ITCanarias

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  • El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias reúne a expertos en la materia en tres sesiones de trabajo hasta mañana jueves

  • El presidente del Parlamento regional, Gustavo Matos, afirma que la transparencia debe ser “una herramienta para recuperar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones”

El presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos, aseguró este miércoles, durante la apertura de las I Jornadas Canarias de Transparencia y Derecho de Acceso, que la transparencia debe ser “una herramienta para recuperar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones”. La intervención antecedió a la entrega de los I Premios de Excelencia a la Transparencia Digital en Canarias en el marco de las I Jornadas de Transparencia y Derecho de Acceso.

La actividad, que se desarrolla hasta mañana en la sede de la cámara regional, está organizada por el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias, cuyo titular, Daniel Cerdán, agradeció el trabajo de todas las personas que “han contribuido a que lleguemos hasta aquí desde la creación de la institución en 2014”.

Las jornadas acogerán, en tres sesiones de trabajo entre miércoles y jueves, a cerca de una veintena de expertos y técnicos en transparencia pública, que hablarán sobre buenas prácticas, autoevaluación, gobernanza de datos o rendición de cuentas, entre otras materias de interés. 

Gustavo Matos explicó que la transparencia es “un compromiso, una cultura que, con el paso del tiempo, a muy buena velocidad, la hemos ido adquiriendo y respetando hasta el punto de que hoy por hoy somos referentes en esta materia a nivel nacional y europeo”, dijo.

En el acto de apertura también intervinieron el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez; y la presidenta de la Federación Canaria de Municipios, María Concepción Brito.

La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, Carolina Darias, recoge el premio de Excelencia a la Transparencia Digital en Canarias concedido al Servicio Canario de Empleo | Parcan

La entrega de los Premios de Excelencia a la Transparencia Digital en Canarias reconoció, en su primera edición, las 86 instituciones y empresas públicas de las Islas que han obtenido una puntuación superior a 7 (en una escala de 1 a 10) en el Índice ITCanarias, que mide el grado de cumplimiento de sus obligaciones en esta materia.

La primera sesión de trabajo de las Jornadas consistió en ocho micro presentaciones a cargo de responsables de transparencia activa de instituciones canarias. Así, Raquel Oliva Quintero, secretaria general del Ayuntamiento de Los Realejos, aseguró no tener “ningún secreto” para haber contribuido a que su institución se situase entre las mejores en el ITCanarias 2018. “Simplemente, hemos seguido las directrices marcadas, hemos analizado en qué habíamos fallado en años anteriores y en qué podríamos mejorar este año”, dijo.

Mercedes Cejudo Rodríguez, directora general de Administración Pública del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, aseguró, en la misma línea, que lo más importante es “tener el apoyo de un buen equipo y nosotros contamos con una unidad de modernización del ayuntamiento que son los encargados de reunir todos los datos”.

Mientras, Manuel Pérez, director general de Innovación Tecnológica del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, reveló que “ser muy pesado es la herramienta fundamental en este proceso”. Y Rafael Cedrés, técnico del servicio de Nuevas Tecnologías de Consorcio de Tributos de Tenerife, apuntó al objetivo de que el destinatario de esta información pública sea “el ciudadano. Para mantener la buena calificación que hemos obtenido hasta ahora estamos automatizando todos los procesos del flujo de información”, abundó.

Albérica García, coordinadora de Transparencia y Participación Ciudadana de la Dirección General de Transparencia del Gobierno de Canarias, indicó que “llegar al punto donde nos encontramos ha sido el trabajo de un equipo consolidado de personas y entidades que trabajan de forma colaborativa”. Por su lado, Daniel González, director insular de Modernización del Cabildo de Tenerife, explicó que “partimos de una calificación de 0,7 y nos planteamos qué hacer a partir de ese punto […] Entre las cosas que nos quedan —aclaró— es hacer entendibles los datos para los ciudadanos y explicarles que se trata de datos abiertos”.

María Gladis Pajes, miembro de la Urip del Servicio Canario de Salud, aseguró que “el trabajo realizado tiene valor por todo el equipo que hay detrás”. Cerró las presentaciones Michael Baso Contreras, técnico informático del Ayuntamiento de Buenavista del Norte, que dijo que el éxito, en su caso, “ha sido por la insistencia del comisionado. Puesto que para nosotros es complicado poner a una sola persona en esta materia, hemos decidido trabajar en equipo”.

Las jornadas continuaron con la ponencia Aplicación para la autoevaluación de la transparencia en España y en Canarias, que estuvo a cargo de Clara Rodríguez, matemática del Comisionado del Transparencia de Canarias. Explicó “cómo, por qué y a quién evaluar”, mientras que José María Vázquez, jefe del servicio de Evaluación y Control de la Transparencia del Comisionado de Transparencia de Canarias, explicó las fases de aplicación del proceso de evaluación, aclarando que se trata de un proceso “que se puede realizar tanto con el mapa de las obligaciones de la ley canaria, como en la estatal o cualquier otra ley de transparencia”.

A continuación, María Teresa Casanova, jefa del Servicio de Reclamaciones del Comisionado de Transparencia de Canarias habló sobre Balance sobre derecho de acceso a la información en Canarias, mientras que David Padrón, director general de Investigación y Coordinación del Desarrollo Sostenible del Gobierno de Canarias, disertó sobre Gobernanza inteligente basada en datos.

El programa matinal de las Jornadas se cerró con la presentación del Código de Transparencia y Acceso a la Información, obra del jurista José Miguel Hernández López. Se trata del cuarto volumen publicado en España sobre esta materia y que tendrá un acceso libre del repositorio digital del BOE. El comisionado Daniel Cerdán y el consejero regional de Administraciones Públicas, Julio Pérez, celebraron la oportunidad y calidad del libro.

 

Enlace de descarga de fotos de la jornada:

https://wetransfer.com/downloads/60776e6738d1ea1c74ecb1c086d2709520191127135921/a4733a9e4bbbe2413bdd82f68f25a63a20191127135921/192c65

https://www.flickr.com/photos/parlamentodecanarias/albums/72157711972072021/page1

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Convenio de los órganos garantes de transparencia con la Fundación Democracia y Gobierno Local para promover el cumplimiento de la ley en las administraciones locales

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El pasado 12 de abril seis órganos garantes de la transparencia (el estatal y el de cinco comunidades autónomas) firmaron en Sevilla con la Fundación Democracia y Gobierno Local un Protocolo para promover y realizar acciones de formación y difusión de la transparencia y del acceso a la información pública en el ámbito local. Los titulares del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno español, del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, del Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información de Canarias, de la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública de Cataluña, de la Comisión de Transparencia de Galicia, del Consejo de Transparencia de Aragón y la Fundación citada han convenido impulsar el cumplimiento, la comprensión y la interpretación de las obligaciones a las que están sujetas las administraciones locales en la Ley de Transparencia.

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R45/2017

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Resolución de terminación relativa a información solicitada a la Viceconsejería de Administraciones Públicas y Transparencia del Gobierno de Canarias, sobre actuaciones derivadas de la Oferta de Empleo  del Ayuntamiento de Icod de los Vinos (4-XII-2017)

Se resuelve declarando la terminación de la reclamación formulada por el Sindicato de Trabajadores Canarios, respecto a la petición de los documentos referidos a la Oferta de Empleo Público de funcionarios de la Policía Local del Ayuntamiento de Icod de los Vinos, por pérdida de objeto de la misma; al haber sido ya entregada al sindicato después de que desde el Comisionado de Transparencia se iniciara el expediente sobre la reclamación.

Asimismo, se requiere a la Viceconsejería a que en el plazo de diez días acredite ante el Comisionado de Transparencia el envío del escrito al reclamante y la entrega de la documentación remitida.

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R57/2017

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Resolución estimatoria sobre información relativa al personal que presta
funciones de carácter administrativo fuera de la relación de puestos de trabajo en el
Servicio Canario de la Salud (18-XII-2017)

Se resuelve estimando la reclamación formulada  en nombre de Intersindical Canarias contra la denegación parcial de su solicitud al Servicio Canario de la Salud. El sindicato había pedido  la relación identificada de personal estatutario que realiza funciones administrativas en comisión de servicios en el Servicio Canario de la Salud, indicando puesto, retribuciones, coste económico de sustituciones y forma de provisión.
Se requiere al Servicio Canario de la Salud para que, en el plazo más breve posible y en todo caso antes del 31 de marzo de 2018, realice la publicación en el portal de transparencia de del instrumento equivalente a la relación de puestos de trabajo, previo trámite de audiencia similar al realizado por la Dirección General de Función Pública para su personal.
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56 instituciones canarias evaluan ya su transparencia través de la aplicación digital «T-Canaria»

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-Todas las entidades han de presentar la declaración antes el 16 de abril 
-Fasnia, primer ayuntamiento en presentar su «declaración de transparencia»  en España.

El de Fasnia ha sido el primer ayuntamiento  en España  que ha presentado telemáticamente  su  «declaración de transparencia» oficial al Comisionado de Transparencia a través de la nueva aplicación digital «T-Canaria» que, por primera vez en España, permite a todas las instituciones autoevaluarse y rendir cuentas sobre el año 2017  para el informe que cada año ha de conocer el Parlamento regional.  El plazo de carga del sistema para las instituciones y sus entidades públicas dependientes concluye el 16  de abril. «Es lógico y esperable que la mayoría de los obligados dilaten la presentación final de su «declaración de transparencia» hasta los últimos días de plazo, para disponer de más tiempo en la actualización de contenidos de los portales. En Fasnia no les ha importado adelantarse porque mantienen actualizado su portal con frecuencia», ha señalado Daniel Cerdán, comisionado de Transparencia de Canarias.

Hasta un total de 56 instituciones  y entes dependientes han comenzando a cargar sus datos  para conocer en qué medida cumplen con las obligaciones de la Ley Canaria de Transparencia, que posibilita a todos los  ciudadanos conocer de una manera más profunda la actividades de las administraciones. Esta herramienta telemática permite calcular de una forma abierta el Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias), primer ranking  público de caracter autonómico creado hasta ahora mediante la  Resolución del Comisionado de Transparencia de Canarias de fecha 22 de diciembre de 2017 .

La aplicación telemática e interactiva “T-Canaria” permite chequear los portales de transparencia para saber si conteien todas las informaciones a que les obliga la Ley de Transparencia canaria, puntuando de 1 a 10 en tiempo real para el que la utiliza. Su misión es ayudar a las instituciones a mejorar la transparencia y a reducir la opacidad. Su algoritmo  reduce  la arbitrariedad en las comprobaciones y valoraciones, al ejecutarlas mediante cálculos matemáticos. Su funcionamiento se explica en el Manual de Uso publicado  en la sede selectrónica del Comisionado https://sede.transparenciacanarias.org/publico/evaluacion .

En ese mismo punto se facilitan en una hoja de cálculo las obligaciones de publicación de contenidos que cada tipo de institución tiene en los portales de transparencia: 187 la Comunidad Autónoma; 166 los ayuntamientos y cabildos; 107 los entes públicos y organismos autónomos; y 89 las empresas públicas  de todas las instituciones canarias. Lo que cada ciudadano no encuentre en ellas puede preguntarlo a cada institución, que está obligada a responderle en un mes, según determina la ley. Si no hay respuesta o es insuficiente, puede presentar recurso sin coste legal alguno ante el Comisionado de Transparencia, bien desde  su casa a través de la sede electrónica, bien en cualquier registro oficial público. Y en aproximadamente tres meses obtendrá una resolución ejecutiva; que obliga a la administración reclamada a cumplirla o a recurrirla ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Canarias.

«Entre los ayuntamientos, los que  que más avanzada llevan la carga de datos son, además de Fasnia, El Sauzal, Agulo, Arrecife, La Orotava, Granadilla,; Frontera, Valverde y Tuineje, Los Realejos y Vilaflor; que en muchos casos se corresponden con los que obtuvieron buenas puntuaciones en el ejercicio de 2016. Entre los cabildos son los de Fuerteventura y El Hierro los más adelantados en esa tarea; y, dentro del sector público de la Comunidad Autónoma, es el Servicio Canario de Empleo  el que ha sido más tempranero en autoevaluarse», añade Daniel Cerdán.

 

El caso singular de Fasnia

Fasnia fue el único ayuntamiento que presentó su declaración en el 20 de Marzo, primer día de plazo para hacerlo; y con muy buenos resultados, pendientes de revisión. Se da la circunstancia de que obtuvo en la edición anterior la mejor nota de transparencia de los ayuntamientos canarios de menos  de 20.000 habitantes. Ya en este año, ha sido uno de los ayuntamientos pioneros en publicar su propio informe anual de transparencia  en su portal:  https://sedeelectronica.fasnia.com//images/gallerys/pages/files/Informe%20Anual%20Transparencia%20FASNIA%202017(2).pdf  . Con apenas 2.800 habitantes, y estando entre las 15 ayuntamientos más pequeños de  Canarias, se ha convertido en todo un referente en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia; de la misma forma que el Ayuntamiento de  El Sauzal, que ya ha publicado también en su web su informe anual 2017 y, además, mantiene en su portal un «Protocolo de Transparencia» que marca pautas excelentes  de trabajo para cualquier entidad local, insular o autonómica.

Enlaces aludidos:

Creación de la aplicación telemática T-Canaria

Resolución del Comisionado de Transparencia de Canarias de fecha 22 de diciembre de 2017, por la que se crea la aplicación

Protocolo de Transparencia del Ayuntamiento de El Sauzal

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«T-Canaria», nueva aplicación telemática del Comisionado para conocer el cumplimiento de la transparencia de todas las instituciones canarias

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Pantalla de la primera página aplicación telematica del Indice de Transparencia de Canarias( ITCanarias)
Pantalla de la primera página de la aplicación telematica del Indice de Transparencia de Canarias( ITCanarias)

El Boletín Oficial de Canarias publicó ayer la creación de una aplicación telemática sobre el Indice de Transparencia de Canarias (ITCanarias) para el autodiagnóstico y el cumplimiento de las obligaciones informativas de todas las instituciones públicas de Canarias y de sus entes dependientes, según la resolución el Comisionado de Transparencia de Canarias. Después de crear y aplicar en 2017 el primer índice de transparencia de carácter oficial puesto en marcha en España para todas las instituciones de su ámbito, el órgano garante canario da un paso más, a través de su sede electrónica, para facilitar el cumplimiento de todas las obligaciones definidas en la Ley; extremo que no incluyen ni bareman los diversos rankings publicados por organizaciones no gubernamentales

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R26/2017

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Resolución del comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública estimatoria por petición de información al ente público Radiotelevisión Canaria (RTVC) de documentación de soporte de anotaciones contables de la cuenta 410 “Acreedores por prestaciones de servicios” del año 2015.

 

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