Gobierno de Canarias y Comisionado de Transparencia aúnan criterios para la mejora de los procesos de transparencia en las Islas

El segundo Informe Anual 2016 sobre el Cumplimiento de la Ley de Transparencia de Canarias ha de servir para enriquecer y perfeccionar la Estrategia Marco del Gobierno Abierto de la comunidad autónoma, que a través del eje “Gobierno Abierto” (uno de los seis que la integran) busca mejorar e incrementar los niveles de transparencia y de acceso a la información pública, entre otros fines.

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El Comisionado de Transparencia de Canarias activa su sede electrónica

El Comisionado de Transparencia de Canarias, Daniel Cerdán, ha puesto en marcha la nueva sede electrónica de este órgano, complementaria a su portal web, para garantizar una interrelación documental permanente y segura con los ciudadanos: un registro oficial abierto a todas horas, todos los días del año y de doble dirección. La sede electrónica de la más reciente institución de la Comunidad Autónoma nace plenamente adaptada a las nuevas normas de procedimiento administrativo (leyes 39/2015 y 40/2015), como parte de una plataforma de administración electrónica propia e independiente, puesta en marcha por los tres únicos funcionarios del Comisionado con la colaboración de la Audiencia de Cuentas de Canarias.

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Doce ayuntamientos canarios no son transparentes ni sobre su propio grado de transparencia

Doce de los ochenta y ocho ayuntamientos canarios no han respondido a ninguno de cuestionarios informativos remitidos por el Comisionado de Transparencia de Canarias, Daniel Cerdán, Daniel Cerdán, con la colaboración de la Federación Canaria de Municipios (FECAM). 

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Las reclamaciones al Comisionado de Transparencia de Canarias se multiplicaron por cinco (de 18 a 91) en 2016

Las reclamaciones de los ciudadanos ante el Comisionado de Transparencia de Canarias por denegaciones o insuficiencias de información de las administraciones canarias pasaron de las 18 en el segundo semestre de 2015 a las 91 a lo largo de 2016; es decir, se multiplicaron por cinco. En las semanas transcurridas del año 2017 se han producido 44 reclamaciones más; y, de seguir esa progresión, se superarán las 350 recursos al cabo de este ejercicio; es decir, el crecimiento rondará el 300% al multiplicarse por cuatro el número de reclamaciones.

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Los ayuntamientos canarios y el Comisionado de Transparencia evalúan los problemas de implantación de la Ley en la FECAM

Los ayuntamientos canarios tienen dificultades para cumplir con las leyes de transparencia. En la inmensa mayoría de los casos, las corporaciones locales no mantienen  un registro único de las solicitudes de acceso a la información de los ciudadanos con todas las recibidas en todos sus departamentos, por lo que no están en condiciones de saber siquiera cuántas demandas de información han recibido. Ni tampoco mantienen un procedimiento que regule el suministro de la información a los ciudadanos o la actualización periódica de los portales de transparencia.

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Varios partidos ven necesario modificar la Ley de Transparencia

La mayoría de los partidos con representación parlamentaria refrendaron al titular del Comisionado de Transparencia en la necesidad de cambiar la ley que regula la rendición de cuentas, cuya vigencia completa es inferior a seis meses. Daniel Cerdán evidenció algunas limitaciones de la ley. El responsable del Comisionado de Transparencia, Daniel Cerdán, presentó ayer el primer informe anual ante el Parlamento del que destacó, entre otras cosas, la necesidad de «abrir una reflexión sobre una serie de ajustes» que, en su opinión, precisa la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Cerdán aludió a que no hay marcados plazos de publicación de la información requerida, ni un calendario de actualización como tampoco la calidad de la misma. Asimismo detectó «fugas» en materia de contratos menores y un régimen disciplinario -del que tanto se sacó pecho cuando se elaboraba la ley- «más amplio que el estatal pero difícil de llevar a la práctica», aseguró. En este sentido, le apoyaron los grupos del Partido Socialista Canario (PSC), Podemos y Nueva Canarias (NC).

El diputado socialista Gustavo Matos consideró la necesidad de «perfilar mucho mejor el régimen sancionador». La diputada de Podemos, Concepción Monzón, ahondó en los «vericuetos que plantea la ley y que impiden su cumplimiento efectivo» al igual que echó en falta la exigencia del tipo de información que se ha de publicar. Por ello, se mostró favorable a una «revisión» de la normativa. La diputada de NC, Esther González, remarcó el «silencio negativo» que posibilita que las administraciones puedan dejar de contestar a los requerimientos de información simplemente con una callada.

En contraposición, el diputado del Partido Popular (PP), Emilio Moreno, consideró un «error» plantear una modificación legislativa de un texto que «no tiene más que seis meses de efectiva vigencia». «Escuchando al comisionado -dijo Moreno- parece que de repente, un día se dio cuenta que la ley le impedía desarrollar sus funciones», por eso le invitó a encauzar muchos de los «ajustes» en el desarrollo reglamentario.

La diputada de Coalición Canaria (CC), Socorro Beato, secundó también al titular del comisionado en cuanto a la necesidad de contar con más dinero y personal, en términos similares a las exposiciones del resto de los grupos salvo la del PP. Sin embargo, se da la circunstancia de que la Mesa, en la que hay diputados de CC, PSC y PP, decidieron recortar el presupuesto que pidió Cerdán para este año 2016.

»»»  Fuente: Almudena Sánchez (Canarias 7)