Los órganos de control de la transparencia en España firman en Cádiz una declaración para demandar más apoyo y compromiso a los poderes públicos

Los Consejos y Comisionados de la transparencia estatal, de Andalucía, del País Vasco, de Cataluña, de Galicia, de Murcia, de Valencia, de Aragón, de Canarias, de Navarra, de Islas Baleares, de Castilla-León y del Área Metropolitana de Barcelona, firmaron una declaración institucional en la que demandan a los poderes públicos un “apoyo explícito” a su labor desarrollada y un “compromiso decidido” en la implantación y éxito de la nueva cultura de la transparencia.

 

Representantes de los Consejos y Comisionados de Transparencia estatales.

El 28 de septiembre de 2018, con motivo del Día Internacional del Derecho a Saber y en el marco del III Congreso Internacional de Transparencia celebrado en Cádiz, la Red de Consejos y Comisionados de Transparencia firmó una declaración colectiva por la transparencia, apoyada por treinta y dos entidades de la sociedad civil. El texto pone de manifiesto que “nuestra sociedad se ha vuelto crítica y exigente porque es conocedora de sus derechos y quiere ejercitarlos para conseguir la mayor cuota de bien común y de bienestar general”. Por ello, “Es necesario tomar consciencia de que la transparencia y la garantía del acceso ciudadano a la información que manejan las Administraciones Públicas es una conquista valiosísima en términos de democratización del control de las instituciones públicas pero que no se consigue sólo con la entrada en vigor de una Ley. Requiere, para ser efectiva, de medios materiales y humanos encargados de aplicarla, y no asignarlos al cumplimento de la legislación de transparencia implica comprometer seriamente su efectividad”. 

La “Declaración de Cádiz” reafirma el compromiso de los Consejos y Comisionados de Transparencia con la implantación definitiva y eficaz de la Transparencia en España. Los órganos de control de la Red demandan un apoyo de los poderes públicos a la importante labor que estos realizan. Demandan también una reforma que mejore las garantías del derecho de acceso, consagrándolo como un derecho fundamental del ciudadano, “el desarrollo efectivo de la potestad sancionadora, la mejora del procedimiento de acceso para hacerlo más sencillo y eficaz, mejorar la concreción de los límites de acceso y las causas de inadmisión, unificar en la medida de lo posible los regímenes de acceso y desarrollar una gestión documental y de archivos moderna que sirva como vehículo de todos estos cambios”.

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